Los miembros que conforman la nueva Mesa Directiva del Parlamento tendrán que decidir si se le otorgará los beneficios vitalicios a Manuel Merino de Lama, por ejercer durante cinco días el cargo como mandatario de un gobierno de facto.
Debido al desacuerdo de los ciudadanos se convocaron a diversas marchas nacionales donde se expresó la ilegitimidad contra Merino de Lama. Durante las protestas se evidenció la represión policial ejercida que ocasionó la muerte de 2 jóvenes. Por esta razón, el domingo 15 de noviembre renunció a sus funciones.
De acuerdo a la Constitución Política, por ley debería recibir de manera mensual una pensión de S/ 15.600, un chofer, un vehículo, galones de gasolina para movilizarse por país, agentes de seguridad y seguros de salud, y finalmente la protección del antejuicio, que lo protegería para no ser objeto de un proceso penal.
Sin embargo, la duda es si el parlamentario debería recibir los beneficios que tiene un expresidente pese a que su mandato duró menos de una semana y la población tampoco estuvo de acuerdo con esto.
Según el constitucionalista César Delgado-Guembes, probablemente la Mesa Directiva del Congreso no reconocería los beneficios por razones de proporcionalidad y razonabilidad.
El antejuicio es una protección de la que gozan ciertos funcionarios públicos que les permite no ser objetos de proceso penal si antes no existe un previo procedimiento o encargo de alguna autoridad que señale que existen indicios suficientes para que pueda existir alguna causa legítima.
Ante esto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, podría presentar una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular lo cual activaría un antejuicio en el Congreso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) realizó una segunda denuncia penal contra Manuel Merino, Ántero Flores, Gastón Rodríguez y dos miembros de la PNP tras la muerte de dos jóvenes en las marchas.
La denuncia por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves ha sido dirigida a la Fiscalía de la Nación.