Esta iniciativa volvió al debate en el Congreso por las constantes denuncias que vienen realizando los peruanos contra el abuso de farmacias y boticas, aprovechando la pandemia por el coronavirus.
Con 94 votos a favor, el pleno aprobó un texto sustitutorio que recoge varias propuestas legislativas para sancionar el acaparamiento, especulación y adulteración en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción.
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La propuesta contempla la restitución de la pena por acaparamiento, así como modificar el delito de especulación, que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, y con 180 a 365 días-multa.
Igualmente, la especulación y alteración de pesos y medidas serán sancionados con prisión efectiva no menor de 2 ni mayor de 6 años, así como con 180 a 365 días-multa.
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Si la especulación se comete durante un estado de emergencia declarado por el presidente de la República, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años.
Frente al contexto de emergencia y ante la diversas denuncias del sobrecosto del oxígeno, la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, consideró que estas personas cometieron “traición a la patria”.
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“Esas personas (especulan con el precio), deben ser acusadas por traición a la patria, así de claro, pero hay que reconocer que también hay empresas que se han mantenido muy correctos y sabemos de personas que han ido llenando balones de oxígeno con sus pequeñas plantas manteniendo su precio y los industriales que han hecho conversión del industrial también hay que reconocerlo, pero al pie de ellos siempre existe Pepe el vivo, ahora eso debería ser catalogado como traición a la patria”, enfatizó.