EE. UU. elimina requisito de cooperación con ICE para víctimas: ¿qué cambia en su protección?
El gobierno de Trump retiró la exigencia de cooperación migratoria con ICE para acceder a los fondos VOCA, lo que devuelve a los estados el control de recursos vitales para víctimas de delitos violentos.
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El acceso a los fondos destinados a víctimas de delitos en Estados Unidos ya no estará condicionado a la colaboración con las autoridades migratorias. El gobierno de Donald Trump resolvió dejar sin efecto la medida que vinculaba el Acta de Víctimas de Crimen (VOCA) con la cooperación obligatoria hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras semanas de presión judicial y política de fiscales generales demócratas.
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La controversia por los fondos del VOCA
La disputa comenzó a mediados de agosto, cuando 20 estados y el Distrito de Columbia demandaron al Departamento de Justicia en un tribunal de Rhode Island. Según 'Associated Press', la administración pretendía forzar a los estados a facilitar el ingreso de ICE a cárceles, notificar las liberaciones de detenidos con procesos migratorios pendientes y cumplir con órdenes de retención civil. En caso contrario, las jurisdicciones arriesgaban perder financiamiento federal.
El impacto de esta condición era enorme, dado que el VOCA sostiene aproximadamente el 75 % de las compensaciones estatales para víctimas de delitos violentos. Con estos recursos se cubren gastos médicos, apoyo psicológico, costos funerarios y limpieza de escenas del crimen. También, se financian refugios, organizaciones comunitarias y proyectos forenses como el análisis de kits de violación.
Nuevo alivio: víctimas acceden a fondos en EE. UU. sin necesidad de colaborar con ICE.
El DOJ elimina las condiciones migratorias
El 3 de octubre, el Departamento de Justicia anunció que desistía de aplicar esas exigencias. El fiscal general de Nueva Jersey lo confirmó y, poco después, fiscales como Andrea Joy Campbell, de Massachusetts, celebraron la decisión al considerarla un freno a un intento "cruel e ilegal" de condicionar la ayuda. Según detallaron, se destrabaron cerca de 1400 millones de dólares que podrán reactivar programas estatales paralizados.
Con esta medida, los estados podrán volver a asignar fondos a organizaciones sin fines de lucro y otorgar compensaciones directas a los damnificados, sin tener que responder a requisitos de índole migratoria. El cambio fue recibido como un alivio por entidades locales y defensores de víctimas que habían denunciado el carácter político de las restricciones.
El retroceso de la Casa Blanca representa una victoria para quienes sostienen que la protección de víctimas no debe estar supeditada a disputas ideológicas. El VOCA, financiado con multas y sanciones judiciales y no con impuestos, distribuye más de mil millones de dólares cada año. Su propósito es garantizar que las víctimas de delitos violentos accedan a reparación y apoyo, sin importar su estatus migratorio. Al eliminarse las condiciones, los estados recuperan el control de los recursos y se reafirma el principio de que la justicia y la asistencia a los afectados deben estar por encima de la política.
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.
