
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta que está generando gran alarma entre los residentes del país. La autoridad plantea cambios en los procesos de otorgamiento y prórroga de autorizaciones de trabajo, lo que afectaría directamente a tres grupos de extranjeros.
De acuerdo con N+ Univisión, si bien esta iniciativa no cuenta con aprobación legal, podría implicar un grave endurecimiento de las regulaciones migratorias vinculadas al empleo.
El borrador presentado por el DHS tiene como finalidad modificar el acceso al permiso de trabajo para tres categorías:
Según el DHS, en declaraciones recogidas por N+ Univisión, esta medida busca evitar que el sistema actual retrase las salidas del país: "El pueblo estadounidense merece un Gobierno Federal que ponga sus intereses primero y que priorice su seguridad, protección y bienestar financiero".
El cambio más fuerte recae sobre quienes ya poseen una orden final de remoción. Bajo esta premisa, el acceso automático al documento desaparecería y solo se mantendría una excepción muy limitada para aquellos en los que la deportación sería "impracticable" porque los países de origen no emiten la documentación necesaria.
Asimismo, esta propuesta plantea requisitos más estrictos para quienes soliciten o renueven su permiso de trabajo en EE.UU. bajo categorías como el parole (C-11) y la acción diferida (C-14). Ahora tendrán que demostrar una "necesidad económica" comprobada y pasar un análisis más riguroso de discrecionalidad.
Además, también establecería una línea dura contra los antecedentes delictivos: cualquier persona que haya sido arrestada, acusada o vinculada a delitos, pandillas u organizaciones criminales podría quedar automáticamente excluida, salvo excepciones de interés público.
Otro punto clave será que, desde ahora, exigirán que los solicitantes trabajen únicamente en empresas registradas en el sistema federal E-Verify, lo que busca reforzar el control laboral en Estados Unidos.
En una entrevista con N+ Univisión, el abogado de inmigración Haim Vásquez explicó que este cambio todavía no es definitivo. "El gobierno lo que acaba de hacer es proponer una regla… todavía no es ley. Es una propuesta con 60 días de comentarios públicos".
Debido a que se trata de una norma en proceso, el DHS abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos antes de cualquier decisión final. Luego de ello, no existe un plazo inmediato para su implementación.
Licenciada en Periodismo, con conocimientos como Analista Digital y experiencia en Marketing Digital. Amante de la actualidad, sociedad y tendencias de salud y livestyle.