
Recientemente un juez federal de Boston, Brian Murphy, ordenó suspender la política de expulsión de inmigrantes en situación de ilegalidad a países terceros que fue anunciada por Donald Trump. Ante ello, la autoridad le ha dado a la Casa Blanca, aproximadamente 2 semanas para que pueda presentar sus alegatos.
El magistrado agregó que lo que está en juego es saber si: "el Gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente será perseguida o torturada". Además indicó que las nuevas directrices firmadas en marzo por el Departamento de Seguridad Interior en materia de expulsiones a terceros países son "ilegales".
De acuerdo a las nuevas directrices, las expulsiones seguirán autorizadas con la única condición es que el país en cuestión aporte garantías acerca de las personas expulsadas que "no serán ni perseguidas ni torturadas" y que además, el Departamento de Estado considere dichas garantías "creíbles", sin posibilidad alguna de recurso.
En diversas ocasiones durante este procedimiento, "el gobierno violó de manera repetida, o intentó violar, las decisiones de este tribunal", lamentó el juez, haciendo eco de los reproches de sus colegas sobre temas de inmigración. Citó las "mentiras" del Gobierno sobre los temores expresados por uno de los demandantes sobre su expulsión a México.
Además de ello, Murphy ha había bloqueado provisionalmente en marzo del 2025 la expulsión de extranjeros de origen asiático a Libia, una nación distinta a su lugar de nacimiento.
Luego en el mes de abril, la autoridad ordenó suspender la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur debido a que consideraba que la deportación a un país distinto del suyo debían ser informadas de ello y también disponer luego de un plazo clave para presentar un recurso.
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