Juez reactiva millonaria obra a consorcio investigado por corrupción pese a advertencias de Contraloría
Una resolución judicial permitió reactivar obras por casi S/700 millones en Tacna a favor de un consorcio cuestionado, pese a sanciones previas y advertencias del MTC y la Contraloría.
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El sistema de contrataciones públicas vuelve a estar bajo la lupa tras conocerse que un juez de Lima habría favorecido a empresas investigadas por corrupción al ordenar la reapertura de una licitación anulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La medida judicial permite mantener la buena pro del Consorcio Vial Sama, valorizada en más de S/600 millones, pese a que la Contraloría General de la República había advertido irregularidades graves durante el proceso.
Fallos judiciales bajo sospecha
Según los documentos oficiales, el juez Lenin Montoro emitió dos medidas cautelares en beneficio de empresas con antecedentes, entre ellas Construcción y Conservación del Norte S.A.C..
En una de ellas, el magistrado ordenó suspender la Resolución Directoral N° 828-2025-MTC/20, que había declarado nula la licitación por la presunta filtración de montos ofertados y reuniones irregulares entre postores y el comité de selección. Esta decisión detuvo la nulidad y reactivó la buena pro a favor del consorcio mencionado.
A pesar de que la Fiscalía investiga el caso por posibles actos de colusión y favorecimiento indebido, la medida judicial dispuso continuar con la ejecución de la obra Carretera Boca del Río–Tacna, reabriendo una adjudicación que ya había sido anulada por motivos de transparencia.
Riesgos e impacto institucional
Expertos en derecho administrativo advierten que estas resoluciones podrían sentar un grave precedente, al permitir que proyectos millonarios sean reactivados con garantías mínimas, en este caso de apenas S/200 mil soles, monto irrisorio frente al valor total de la obra. Esta práctica, sostienen, desvirtúa el equilibrio entre los intereses del Estado y los de las empresas privadas.
El MTC y el OSCE evalúan ahora si deben aplicar mecanismos de due diligence reforzada y control concurrente mientras la medida cautelar siga vigente. De no hacerlo, el Estado correría el riesgo de formalizar contratos con empresas cuestionadas, lo que podría derivar en pérdidas económicas y daños institucionales severos.
Diversos especialistas coinciden en que estos fallos judiciales envían un mensaje peligroso al mercado: que las cautelares pueden ser usadas como herramientas para revertir sanciones y reabrir adjudicaciones millonarias sin garantías reales. La situación ha generado preocupación en la Contraloría, que analiza acciones de control ante el posible favorecimiento irregular.
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.
