Extrabajadores de Legado inician campaña contra el presidente del IPD
Habrán denuncias policiales contra los funcionarios que resulten responsables por la estafa de 9 millones de soles a la federaciones deportivas nacionales.
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- María Martínez, presidenta de la Federación de Judo: "Legado no ha tenido un trato adecuado con las federaciones"
La empresa DISOLU SAC, contratada inicialmente en 2017 durante la gestión de Carlos Neuhaus en los preparativos para los Juegos Panamericanos 2019, es señalada por haber estafado a las federaciones deportivas nacionales con más de 9 millones de soles. Este monto corresponde al cobro indebido de matrículas y mensualidades de las academias deportivas que operaban en las sedes administradas por el desaparecido proyecto Legado.
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Legado comenzó una campaña difamatoria
A pesar de las evidencias en contra de DISOLU SAC, un grupo de exfuncionarios de Legado ha emprendido una campaña difamatoria contra el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, desviando la atención de las irregularidades cometidas durante su propia gestión.
La empresa, que originalmente fue contratada para almacenar datos, continuó siendo beneficiada con contratos año tras año. Posteriormente, bajo la administración de Luis Suazo, se le permitió encargarse de la recaudación de los pagos de las academias deportivas, acumulando el millonario perjuicio a las federaciones.
En cuanto a las sanciones, solo el funcionario Hernán Garván ha recibido una suspensión de un mes de sueldo. Sin embargo, no ha habido consecuencias para otros miembros de la alta dirección de Legado, incluyendo al área comercial, el jefe de integridad Marino Ruiz y el propio director Luis Suazo. La falta de acciones contundentes contra los responsables ha generado malestar y exigencias de justicia por parte de las federaciones afectadas.
Cabe destacar que, tras la finalización de los Juegos Panamericanos, la empresa DISOLU SAC siguió obteniendo contratos mediante órdenes menores de 8 UIT durante la administración de Alberto Valenzuela. Posteriormente, en diversas oportunidades, fue ratificada por Álvaro Castro, quien actualmente se desempeña como asesor de la congresista Diana Gonzales. Esta legisladora se ha opuesto al traspaso de Legado al IPD y no ha impulsado ninguna investigación sobre la millonaria estafa.
Ante la falta de respuestas y sanciones, las federaciones de judo y natación han anunciado que presentarán denuncias penales contra los exfuncionarios de Legado involucrados en la presunta estafa. Mientras estos procesos legales avanzan, la campaña de desprestigio impulsada por los ex trabajadores de Legado sigue en marcha, buscando desviar la atención y proteger a los verdaderos responsables del fraude.
Periodista especializada en espectáculos nacionales e internacionales. Licenciada de la Universidad Privada del Norte. Redactor en El Popular. Interesada en temas relacionados al entretenimiento, cultura, redes sociales, cine y televisión.
