Vacunagate: el escándalo que destapó el tráfico de vacunas contra la covid-19 en el Perú

La historia comienza el 10 de febrero del 2021, en medio de la esperanza de la llegada del primer lote de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm.

Una luz de esperanza en medio de la desesperación de todo un país. Solo en el 2020, se registró un millón 17 mil 199 infectados y 37 mil 724 fallecieron a causa del COVID-19.

En medio de todo ello, una investigación periodística por parte del comunicador Carlos Paredes dejaba en claro que Josef Vallejos, un médico intensivista que se pasó toda la pandemia ayudando a las personas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, no era el primero en haber recibido la dosis contra el coronavirus.

Sino que existían unas 487 personas que se habían vacunado en secreto, en medio del mutismo y la indiferencia de los que realmente lo necesitaban: las enfermeras de la UCI, los doctores y todos los responsables de salvar vidas en medio de la tragedia por la pandemia.

Esa investigación reveló que el expresidente de la República, Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz, se habían inoculado contra la COVID-19 en octubre de 2020. Fue el inicio del escándalo que llevaría por nombre: “Vacunagate” y que hizo temblar a todo un gobierno.

Vacunación en secreto

Para entender el vacunagate, hay que retroceder los hechos unos meses antes. El 13 de abril del 2020, un mes después de haberse decretado el Estado de Emergencia en el Perú a causa del coronavirus, el Estado peruano se encontraba en una carrera por obtener vacunas experimentales.

Es así que el Instituto Nacional de Salud (INS) aprobó la creación de un comité nacional de ética que tenía como base principal evaluar los ensayos clínicos correspondientes al coronavirus.

El 31 de agosto dicho comité autorizó a Sinopharm para que realizara los ensayos de la Fase III de su vacuna en el país. Esto luego que la Fase I y II habían sido elogiados por la revista médica The Lancet, dando confianza al gobierno peruano.

Todo parecía que iba bien, incluso a la investigación de la Universidad Cayetano Heredia se suma la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siempre al mando de Germán Málaga, investigador del ensayo en su conjunto.

El total de voluntarios fueron 12 mil personas que recibirían una dosis del laboratorio Sinopharm. Es aquí, que la llamada “viveza peruana” hizo que se saltaran la “cola” y bajo silencio absoluto se vacunaron, funcionarios públicos, familiares de los implicados y hasta un párroco de una iglesia cercana.

De acuerdo a las investigaciones, Sinopharm entregó 3.200 dosis para que el equipo, a cargo del ensayo, puedan inocular a sus investigadores. Sin embargo, 1.200 de esas dosis se entregaron a la Embajada de China en Perú y las restantes 2.000 vacunas fueron enviadas a los centros de investigación de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos.

La comisión investigadora del Ministerio de Salud, a cargo de Fernando Carbone, detalló que la Universidad Cayetano Heredia entregó una lista de 470 personas vacunadas con la dosis de Sinopharm.

De esas 470, "369 forman parte de los equipos de investigación”, los resto, 101 son los llamados “relacionados”, que en cristiano son personas cercanas al Ministerio de Salud, a la Cancillería, familiares de ambos, e invitados que no tienen nada que ver con los ensayos clínicos.

Ahí estaban Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.

El escándalo del Vacunagate

Antes de seguir avanzando, hay que entender que el escándalo se dio el 10 de febrero del 2021, aquí se descubre que el expresidente Martín Vizacarra se había vacunado en secreto en octubre del año pasado, específicamente en Palacio de Gobierno.

Al día siguiente de los hechos, el Congreso citó a la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia, a la ministra de Salud Pilar Mazzetti y al ministro de Trabajo Javier Palacios Gallegos para que den detalles de la lucha contra la pandemia.

En esa cita Pilar Mazzetti aseguraba que desconocía de las vacunaciones irregulares. Incluso, un día antes, el 10 de febrero, la exministra declaró en conferencia de prensa que sería la última funcionaria de su sector en vacunarse. “Como corresponde, el capitán es el último en abandonar el barco”, una frase que era todo lo contrario.

Mientras avanzaba las investigaciones, Mazzeti decide presentar su carta de renuncia un día después de que el expresidente Martín Vizcarra confirmara que había recibido las dos dosis de Sinopharm. Ya era un hecho, el escándalo saltaba en todas las esferas de poder.

Luego, todo el gobierno comenzó a temblar. Se supo entonces que Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública; Elizabeth Astete, la canciller y la propia Pilar Mazzetti, la ministra de Salud se había vacunado con la dosis de Sinopharm en secreto.

Todos ellos alegaban el miedo como principal impulsor para inocularse. Incluso Mazzeti mencionó que fue un error. “El peor error de mi vida”, dijo.

Y la lista siguió, en ella estaba el rector de San Marcos, Orestes Cachay y el vicerrector Felipe San Martín Howard; el Gerente de Suiza Lab Sergio Orellana Marambio junto a sus dos hijos; la abogada y politóloga Cecilia Blume; el médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga; la investigadora y exministra de Salud Patricia García.

La lista generó indignación ya que, solo el año pasado fallecieron 8 mil enfermeras y más de 300 médicos enfrentándose a la pandemia.

Castigo político

La comisión del Ministerio de Salud reveló el 26 de febrero que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, se vacunó en su domicilio junto a su jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud (Minsa), Danilo Céspedes Medrano, y a su asesora Nancy Olivares Marcos.

En el caso del expresidente Martín Vizcarra, el informe detalló que él se inoculó en Palacio de Gobierno junto a su esposa.

Además, que los principales cabellecilas del tráfico de vacunas fueron el asesor de inmunizaciones del Minsa, Carlos Castillo Solorzano, y el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones y Exteriores, Jorge Jarama Alvan.

Dos meses después, el 8 de abril del 2021, el congresista Otto Guibovich (Acción Popular), recomienda denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler y a la exministra de Relaciones Exteriores Esther Elizabeth Astete por los presuntos delitos de negociación incompatible, colusión, entro otros.

10 años de castigo

Ocho días después de las investigaciones en el Congreso, el poder Legislativo resolvió por 86 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones, inhabilitar por 8 años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, 1 año a la excanciller Elizabeth Astete y por 10 años a Martín Vizcarra.

Eso hizo que el expresidente no pueda ser parte del actual Congreso, pese a ser el candidato más votado en las elecciones con cerca de 164.000 sufragios. Hasta el momento, el “lagarto”, como lo llamó Carlos Paredes busca regresar al Congreso, pese a todos los escándalos.