Fiscalía llegó hasta la UPCH y UNMSM para continuar diligencias por caso Vacunagate

Con apoyo de la Policía Nacional, la fiscal especializada en delitos de corrupción llevó a cabo el levantamiento de la inamovilidad de las vacunas incautadas en febrero.

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Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).Crédito: Carlos Contreras/GLR.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) la mañana de este jueves de mayo para continuar con las diligencias en torno al caso Vacunagate suscitado en febrero pasado.

Según pudo conocer La República, la fiscal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Norte, Diana Fernández, se apersonó desde las 8:30 a. m. a San Martín de Porres para ejecutar el levantamiento de la medida de inmovilización de las dosis retenidas por este hecho.

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Terminada la inspección en la UPCH, la adjunta no quiso brindar declaraciones ante la prensa y aseguró desconocer la cantidad de dosis que encontraban en stand by, a causa de las indagaciones. Además, tampoco se informó si estas dosis serán para los voluntarios o para otro grupo en especial.

De manera simultánea, también se intervino UNMSM para las mismas diligencias; sin embargo, también se desconoces a quienes se les inocularía con estas dosis del laboratorio Sinopharm.

Presentan moción de censura contra Sagasti por caso Vacunagate

El parlamentario de Descentralicación Democrática, César Gonzáles presentó este jueves una nueva moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, por una supuesta "deficiencia" en su gestión frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y sus presuntos vínculos con el caso Vacunagate.

Según argumenta el parlamentario en su oficio, el jefe de Estado “afecta los derechos fundamentales de la población, por mantener una frialdad democrática frente a los graves problemas que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas” respecto a la COVID-19.

Además, sostiene que el mandatario tiene “una conducta dolosa que encubre actos de corrupción y delitos contra la administración pública” en referencia la vacunación irregular de funcionarios con la dosis Sinopharm.

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