Congreso: trece proyectos de ley plantean que regiones y privados adquieran vacunas

Debido a los diversos problemas que ha tenido el Ministerio de Salud (Minsa) en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus (COVID-19) y tras revelarse el escándalo del caso Vacunagate, en el Congreso se han presentado 13 proyectos de ley que plantean que privados y regiones tengan luz verde para comprar vacunas e inmunizar a la ciudadanía.

Esto, pese a que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y el titular del Minsa, Óscar Ugarte, explicaron que por el momento las empresas privadas y regiones no pueden adquirir ni distribuir estas dosis ya que podría causar desigualdades durante el proceso de vacunación. “[…] si empezamos a dividirnos en la compra, nuestra capacidad de negociación como Estado podría verse afectada”, señaló la premier.

Entre las bancadas que han presentado estas iniciativas se encuentran Acción Popular (AP), Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA) y Nueva Constitución (NC), quienes argumentan que ante la incapacidad del Gobierno en la adquisición de estos medicamentos, estos sectores podrían brindar más opciones de compra y acceso a este tratamiento, alterando el proceso de aplicación de la dosis donde se prioriza a la población más vulnerable.

De acuerdo a La República, las trece iniciativas legislativas fueron presentadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, donde seis de ellas buscan favorecer a los gobiernos regionales, cuatro al sector privado y tres a ambos de ellos.

Un ejemplo de ello es Acción Popular, cuya bancada ha presentado 5 proyectos de ley de esta naturaleza. Entre ellos está Rosario Paredes, quién busca favorecer a ambos sectores, precisando que por cada tres dosis que lleguen a comercializar, se destine uno al Estado.

Casi de la misma forma lo hace su colega Wilmer Bajonero; sin embargo, él propone condicionar a las empresas a que ven vendan el 10 % de las inmunizaciones adquiridas a precio de costo a los gobiernos regionales.

Algo parecido plantea Mónica Saavedra, no obstante, solo le da autorización a los pribados para comprar las dosis. En tanto, Paul García plantea aplicar un mecanismo de vacunas por impuestos y otro para dar luz verde a las regiones (GORES).

En el caso de Podemos Perú, se han lanzado 4 iniciativas, donde Felipe Castillo aspira a darle permiso solo al sector privado; mientras que Aron Espinoza y José Luna plantean que las compañías donen una dosis por cada dos que vendan. Por el lado de Orestes Sánchez y María Teresa Cabrera, estos proponen autorizar a los GORES a dicha adquisición.

En tanto, Edgar Alarcón (UPP), Lenin Bazán (FA) y toda la bancada de NC, tienen los mismos objetivos de PP.

Finalmente, César Combina propone que las empresas tengan luz verde para comprar estas vacunas y aplicarlas gratuitamente a sus trabajadores y a los familiares directos de estos. “La misma embajada rusa ha señalado que está libre a la venta a privados, pero que requiere la autorización del Estado”, señaló el legislador al medio.

Problemas con propuestas

En diálogo con el medio citado, el miembro del Comando Vacuna, Antonio Pratto, señaló que todas estas propuestas presentadas en el Congreso son inviables, debido a que los laboratorios vienen negociando de manera silenciosa con los estados a fin de buscar equidad.

“Hay un problema de oferta, la vacuna es un bien escaso. Hay 12 mil millones en precompras y reservas (…). Y esto recién cambiará a fin de año cuando aumente la producción y haya 6 o 7 nuevas vacunas”, indicó.

Asimismo, señala que si bien los privados resultan ser más eficientes y sus intensiones parecen ser buenas, estás podrían establecer alianzas estratégicas con el Gobierno central para ayudar en la inmunización por medio de las cadenas de farmacias, tal y como sucede en Estados Unidos y Chile, siendo algo más factible para la tercera fase de vacunación.

“Las farmacias pueden atender a barrios, o los gremios -como el minero- puede recibir la vacuna del Estado e inmunizar a sus trabajadores. Eso es factible. Lo otro no. Si el Gobierno se demora, imagínese las regiones y las empresas”, añade el especialista.

Por su lado, el epidemiólogo Antonio Quispe, considera que las iniciativas podrían perturbar las reglas y prioridades en el proceso de la aplicación de este medicamento. “No se puede poner precio a la salud. Si los privados (o las regiones) compran vacunas no solo van a competir con el Gobierno sino que van a generar inequidades. Solo los que tienen dinero podrán hacerlo por encima de los grupos prioritarios”.