
Desde el inicio de su mandato, Donald Trump instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en todo el país.
Mientras algunos gobernadores han manifestado su rechazo a esta política, otros estados ya contaban con leyes antiinmigrantes que endurecen las condiciones para los extranjeros sin estatus legal.
La mayoría de estas regulaciones han sido impulsadas por gobernadores republicanos, quienes previamente desafiaron a la Corte Suprema durante la administración de Joe Biden para obtener mayor control sobre la frontera, especialmente en Texas.
En 2024, cuatro estados del sur destacaron por implementar medidas restrictivas contra los inmigrantes indocumentados: Texas, Oklahoma, Louisiana y Georgia. Además de facilitar las deportaciones, algunas de estas legislaciones penalizan a los empleadores que contraten a personas sin documentación legal, dificultando aún más su permanencia en el país.
Uno de los casos más controversiales ocurrió en Georgia, donde el endurecimiento de la política migratoria se dio tras el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, en la Universidad de Georgia. El presunto responsable, José Antonio Ibarra, es un ciudadano venezolano sin estatus legal, lo que impulsó al estado a tomar medidas más drásticas.
Las políticas migratorias en estos estados han generado una profunda división en el país, con gobernadores que respaldan la postura del gobierno federal y otros que buscan frenar estas medidas, alegando que vulneran derechos humanos y afectan a la economía local.
Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura, etc.