La situación se le complica. El Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el director ejecutivo de la empresa Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, con el objetivo de garantizar su presencia durante el eventual proceso penal contra la petroquímica. Dicha medida también recae en los funcionarios Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.
Como se sabe, este último miércoles el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció que la Procuraduría venía evaluando solicitar las medidas coercitivas contra los representantes de la empresa abastecedora de combustible, con el fin de que su presencia sea garantizada durante un posible proceso penal en su contra por el desastre ecológico iniciado el pasado 15 de enero.
"Se está evaluando a través del procurador ver un tipo coercitivo para garantizar que miembros del directorio de la empresa estén presentes en el proceso penal y responsan por el daño hecho", manifestó Ramírez durante una conferencia de prensa. "[…] se va a pedir posiblemente el impedimento de salida (del país) o una medida coercitiva mayor", agregó.
Asimismo, también informó que venían preparando una demanda penal en favor del Estado peruano, por lo que desde el sector que dirige vienen "brindando los insumos a la Fiscalía", a fin de que se proceda de acuerdo a sus competencias en la investigación penal que se está llevando a cabo por este desastre ambiental. Esta se llevaría de manera paralela a las multas y sanciones que anunció la OEFA.
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