Ministerio Público allanó siete despachos de jueces vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto

El Ministerio Público allanó los despachos de siete jueces penales del Poder Judicial, presuntamente por favorecer en resoluciones judiciales al empresario Mario Américo Mendoza Díaz vinculados con la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", liderada por el ex juez César Hinostroza, a cambio de recibir fuertes sumas de dinero.

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El fiscal supremo anticorrupción, Jesús Fernández Alarcón, allanó las oficinas del juez superior Oswaldo César Espinoza López; y los jueces especializados civiles Víctor Andrés Quinte Pillaca, José Miguel Hidalgo Chávez, Ronald Mixán Álvarez, Carlos Marcial Díaz Rojas, Carlos Armando Huerta Ortega y Juan Ulises Salazar Laynes.

Los fiscales con el apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en simultáneo llegaron a la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en el Edificio Vargas Alzamora; y las sedes de las otras oficinas ubicadas en las avenidas Arenales y Petit Thouars, con el fin de registrar e incautar material que ayude para el esclarecimiento de las investigaciones.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, dichos magistrados habrían favorecido al empresario Mario Américo Mendoza Díaz en la propiedad de un inmueble en disputa con María Ramos Gálvez a cambio de recibir sumas de dinero o dádivas.

La investigación indica además que existen pruebas suficientes contra el investigado Mario Mendoza Díaz quien les habría llamado por teléfono a los magistrados de Lima y Callao para agradecer los diversos favores que le hicieron, además hay audios y videos donde se le acusa presuntamente a los magistrados de haber recibido cenas y almuerzos por los favores que le habrían realizado a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", como la organizada por Mendoza Espinoza el 7 de mayo de 2018 en su domicilio.

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El juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, ordenó el allanamiento de los inmuebles y también dispuso el levatamiento del secreto de las comunicaciones de todos los magistrados investigados por el delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.