Más de 150 mil familias se quedarían en la calle tras propuesta de expropiación de predios del Congreso

Desde el Congreso se ha propuesta una normativa que vulneraría los derechos humanos al otorgar la posibilidad a los municipios de expropiar los terrenos de los predios informales que se encuentren en su jurisdicción, si los propietarios no han podido presentar los documentos necesarios ante el Cofopri en 2 o más años.

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¿En qué consiste este proyecto?

Para entender este proyecto de ley N°08199 por el congresistas Nilza Chazón, de Fuerza Popular, La República entrevistó al abogado especializado en derechos inmobiliarios, Jair Peralta y al urbanista Aldo Facho y menciona lo siguiente.

Hay que tener en cuenta que, por un año, se autoconstruyeron 84 mil casas de manera informal, y la mitad de ellas son vulnerables a un terremoto de alta intensidad, de acuerdo con Capeco.

Solo en el 2023, el Cofopri logró identificar 108, 000 lotes han quedado pendientes de formalización; y solo en Lima se construyen 50,000 casa informales al año.

"La mayor cantidad de viviendas informales en Lima se encuentran en Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, es decir, zonas que han sido urbanizadas de manera informal, o invasiones sobre suelo del Estado. (…) Todo suelo es suelo del Estado, salvo que sea privatizado", explica el urbanista Aldo Facho.

Un ejemplo sería si multiplicamos la cantidad de integrantes de una familia en Perú, que equivale a alrededor de 4 personas con el número de casas informales que se construyen al año, obtenemos que 336, 000 peruanos estarían expuestos a una expropiación de su inmueble si no han iniciado su proceso de titulación o si se han quedado en contingencia por más de dos años.

Pero el proyecto de ley de Chacón, especifica en un cuadro consultado a Cofopri, que a nivel nacional, existen 149,147 predios que no están titulados debido a que no se han presentado la documentación idónea, sin tomar en cuenta el crecimiento de las casa informales en el Perú.

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Proyecto estaría vulnerando el derecho a la vida

"Considero que la fórmula que ha encontrado este proyecto de ley vulnera el derecho a la vivienda. Por ejemplo, si hablamos en términos de derecho internacional, podemos encontrar que el derecho a una vivienda adecuada tiene por sí mismo, de manera inherente, una seguridad en la tenencia, es decir, que no exista una amenaza de desalojo del hogar, la tierra o el terreno que se está ocupando.

Entonces, lo que busca Cofopri a través de los procedimientos de titulación gratuita, es que la persona que está ocupando un espacio territorial pueda tener la certeza de que ese espacio le pertenece como vivienda", menciona el abogado Jair Peralta.