OCMA: pidió la destitución del juez de la Corte de Tumbes por dejar libre a una red criminal

El juez Edwin Anselmo Cohaila Nina, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, no dictó prisión preventiva en contra de 13 de los más de 50 integrantes de la organización criminal “Los Piratas de Puerto Pizarro”.

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La OCMA pidió la destitución del juez de Tumbes Edwin Anselmo Cohaila Nina por liberar a parte de una red criminal
La OCMA pidió la destitución del juez de Tumbes Edwin Anselmo Cohaila Nina por liberar a parte de una red criminalCrédito: Archivo

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ulises Yaya Zumaeta, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de Edwin Anselmo Cohaila Nina, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

En la investigación, la OCMA determinó que el juez Cohaila Nina no aplicó en forma inmediata la medida de prisión preventiva en contra de 13 de los más de 50 imputados integrantes de la organización criminal “Los Piratas de Puerto Pizarro”, posponiendo tal ejecución hasta que sea ‘consentida o ejecutoriada’, sin expresar los fundamentos fácticos ni jurídicos de su decisión.

En este contexto, la actuación del juez investigado posibilitó que los procesados de la antes citada organización criminal continúen en libertad, no obstante de haberse dictado por el mismo juez, mandato de prisión preventiva.

Asimismo, el magistrado en cuestión, al inobservar el principio y garantía del debido proceso, incurrió en conducta disfuncional -falta muy grave- que es sancionada con propuesta de destitución.

Cabe señalar que los integrantes de la organización criminal “Los Piratas de Puerto Pizarro” estaban siendo procesados por el delito contra el patrimonio, contra la seguridad pública, tenencia indebida de armas, actos delictivos en agravio del Estado, así como presuntos robos de embarcaciones de pesca y otros y, uso de armas de fuego.

Finalmente, el jefe de este órgano disciplinario dictó una medida cautelar en contra del sancionado, suspendiéndolo preventivamente de todo cargo en este poder del Estado, hasta que resuelva en definitiva su situación jurídica en la instancia correspondiente.

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