Modificación de la Ley APCI amenaza el acceso a la justicia de los pueblos indígenas
Las organizaciones denuncian que la norma restringe su autonomía y desconocen su derecho a la consulta previa.
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Las organizaciones indígenas del Perú han manifestado su rechazo a la modificatoria de la Ley N° 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según denunciaron, esta medida limita su acceso a la justicia, afecta la defensa de sus derechos y debilita sus estructuras organizativas. Como respuesta, han convocado a una movilización permanente desde sus territorios.
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La nueva norma, promovida por el Congreso, prohíbe el uso de fondos de la cooperación internacional para interponer acciones judiciales contra el Estado. Esto paralizaría más de 30 procesos en favor de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Asimismo, impediría la continuidad de litigios en casos de líderes indígenas asesinados, limitando el acceso a instancias internacionales para la búsqueda de justicia.
Las organizaciones también han advertido que la norma no respetó el derecho a la consulta previa, establecido por el Convenio 169 de la OIT y la legislación peruana. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) alertó que esta modificatoria impedirá la fiscalización de proyectos mineros que afectan sus territorios y la impugnación de leyes que vulneran sus derechos.
"Esta ley busca callarnos, debilitarnos y allanar el camino para que las grandes empresas exploten nuestros recursos sin oposición. No solo afecta a las ONG, sino también a nuestras organizaciones indígenas, que recurrimos a la cooperación internacional para defender nuestros derechos", declaró Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas (FENMUCARINAP) denunciaron que esta norma forma parte de una estrategia de represalia contra los pueblos indígenas, debido a los litigios que en el pasado lograron frenar leyes inconstitucionales. Según indicaron, la modificación de la Ley APCI pretende eliminar sus organizaciones y debilitar su resistencia ante el avance de proyectos extractivos.
Finalmente, las comunidades indígenas han exigido que el Ejecutivo observe la norma, de lo contrario, advierten que recurrirán a instancias internacionales. "Si el gobierno permite que esta modificatoria entre en vigencia, estará legalizando la impunidad y la persecución contra nuestros pueblos", sentenció Edwin Gutiérrez, de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
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