Condenan a cuatro años a dos trabajadores de la municipalidad Metropolitana de Lima

Dos ex servidores de la municipalidad Metropolitana de Lima, que fueron grabados pidiendo 50 mil soles de coima al presidente de la Asociación del Centro Comercial “Galería La Chimenea”, a cambio de que el establecimiento obtenga el Certificado de Defensa Civil, fueron condenados a cuatro años de pena suspendida bajo reglas de conducta.

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Andrés Ángel Montoya Mendoza, consiguió que el Poder Judicial emita sentencia contra Edward Miguel Horna Zegarra y José Juan Cuzco Quispe por el delito de tráfico de influencias simulado, en su modalidad agravada en agravio del Estado.

Fueron condenados Edward Miguel Horna Zegarra (policía Municipal II – Sereno) y José Juan Cuzco Quispe (empadronador de la Gerencia de Desarrollo Social), a 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida por el período de 3 años, bajo reglas de conducta y se les impuso 6 años, 5 meses y 4 días de inhabilitación para obtener cargo público. Además, una multa de 3,640 soles por cada uno de ellos y una reparación civil de 20,000 soles, que deberán pagar ambos solidariamente.

Al inicio del juicio oral, el fiscal sustentó en sus alegatos de apertura que el 5 de junio de 2017, los imputados se hicieron pasar como inspectores de Fiscalización y de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para realizar la ilegal proposición, rebajando incluso la coima a 30 mil soles al dirigente Víctor Herminio Reyes Azaña y ofreciendo interceder ante diversos funcionarios de la Subgerencia de Defensa Civil, con el fin de que la galería acceda al certificado que le había sido negado en diversas oportunidades ,por carecer de las medidas de seguridad exigidas.

Los acusados se acogieron a la figura de conformidad procesal, reconociendo los hechos que se les atribuyen y aceptando la pena requerida por el Ministerio Público.

Esta investigación fue abierta de oficio, luego que se hiciera público el video incriminatorio que había sido grabado por una cámara de seguridad, instalada en la oficina de administración de la mencionada galería comercial.