Sunedu denegó licencia institucional a universidad en privada en Cajamarca

Una menos. Por incumplir seis exigencias de la Ley Universitaria, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. (Upagu) fue rechazado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para que obtenga la licencia institucional en su sede Cajamarca.

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Según la Sunedu, dicha casa de estudios incumplió seis de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que exige la Ley Universitaria y no podrá recibir nuevos ingresantes sin importar la modalidad de captación.

La universidad privada creada en el año 1998 en la ciudad de Cajamarca, ofrecía 20 programas presenciales de pregrado, maestría y doctorado a 3589 estudiantes, enfocada a programas de ciencias sociales, comerciales y de derecho, ciencias de la salud y, en menor medida, a programas de ingeniería, industria y construcción.

Pese a que en el 2017, la Upagu tuvo conocimiento formal de las seis deficiencias en la etapa de revisión documentaria, la universidad no subsanó sus errores y en su Plan de Adecuación no detalló el presupuesto destinado a cada acción, no planteó todas las actividades necesarias para levantar las observaciones realizadas, no planteó objetivos para dos indicadores observados, entre otras inconsistencias, siendo rápidamente desaprobado.

Estas son las deficiencias encontradas

• La universidad no evidenció el desarrollo de su planificación estratégica ni demostró haber ejecutado todas las actividades vinculadas a sus objetivos institucionales. La casa de estudios tampoco remitió información clara respecto a la totalidad de planes de estudio ofertados. Además, tres de siete sistemas declarados por la universidad, no demostraron cumplir con las funciones esperadas. Por otro lado, se detectó que la universidad realizaba más de un proceso de admisión por ciclo, contraviniendo lo establecido por la Ley Universitaria. La Upagu no pudo garantizar la implementación efectiva de su Plan de Mejora Continua Institucional, ni tener la capacidad de evaluar las actividades programadas.

• Respecto a la infraestructura, la universidad no pudo asegurar la continuidad de uso de todos sus locales, ni pudo detallar y demostrar las actividades de mantenimiento realizadas a su equipamiento y mobiliario. Tampoco evidenció la consistencia de reglamentos referidos a la política de seguridad y salud en el trabajo, ni demostró contar con elementos de seguridad para sustancias químicas peligrosas dentro de los laboratorios y Protocolos de Seguridad que respondan a las características de sus ambientes. La universidad no evidenció contar con ambientes con capacidad suficiente para albergar a sus docentes, ni pudo demostrar la continuidad del servicio de energía eléctrica, telefonía e internet en todos sus locales.

• En cuanto a la investigación, la Upagu presentó documentos normativos de gestión que presentaban inconsistencias entre sí. No evidenció contar con mecanismos para fomentar semilleros de investigación en cuatro de sus cinco facultades; no pudo evidenciar el cumplimiento de la normativa vinculada al desarrollo de investigación ni el funcionamiento de las unidades orgánicas a cargo del fomento de la investigación. Asimismo, la universidad designó docentes investigadores que no demostraron cumplir con los criterios de selección establecidos por su propia normativa. Finalmente, el 40% de docentes declarados no demostró contar con tiempo para desarrollar labores de investigación.

• Asimismo, la universidad no demostró que la totalidad de docentes ingresantes hayan pasado por el proceso de ‘Admisión de Docentes Contratados’ estipulado por la misma casa de estudios, ni que hayan sido evaluados según las herramientas precisadas en su Reglamento. Además, se identificó que un docente no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley Universitaria para ejercer su labor. La casa de estudios tampoco evidenció la ejecución de su proceso de ordinarización, ni la ejecución de procesos de ratificación, ni la promoción y separación de sus docentes.

• Respecto a los procesos orientados a la calidad de enseñanza, la universidad no presentó evidencias de la ejecución de la ´Evaluación de Desempeño Docente´ para 18 de 22 programas académicos durante el ciclo 2019-I, ni la ejecución del total de capacitaciones planificadas para el año 2019. Tampoco de haber ejecutado un diagnóstico de competencias durante los años 2018 y 2019 con miras a construir un Plan de Capacitación Docente que respondiera a las necesidades de su plana educativa.

• En cuanto a servicios complementarios, la Upagu no garantizó la prestación del servicio de salud en todos sus locales durante los horarios de clase. Tampoco garantizó la continuidad de uso de los espacios de práctica para todas sus disciplinas deportivas. Asimismo, no demostró que la bolsa de trabajo sea una herramienta idónea para la inserción laboral, debido a que no permitía la postulación a través del sistema ni seleccionaba las ofertas laborales según circunscripción geográfica. Además, se identificó que solo el 37% de egresadas y egresados ejercían labores dentro de su línea profesional.

A partir de ahora, la Upagu deberá detener sus labores académicas y será supervisado por la Sunedu para que se respeten los derechos de sus estudiantes, así como la reglamentación vigente.

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Ya van 90 licenciamientos

Según la Sunedu, hasta la fecha han podido otorgar licencias institucionales a 90 universidades que cumplieron al pie de la letra con las exigencias de la Ley Universitaria. Asimismo, ya van 43 casas de estudios y escuelas de posgrado que no han logrado obtener la autorización para continuar con sus labores académicas.