Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra alcalde de VMT
El Poder Judicial de Chorrillos, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Villa María del Triunfo Ángel Chilingano Villanueva, acusado de dirigir la organización criminal "Los Topos de Lima Sur"
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El Poder Judicial de Chorrillos, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Villa María del Triunfo Ángel Chilingano Villanueva, acusado de dirigir la organización criminal "Los Topos de Lima Sur", que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes a cambio de cerrarles sus negocios.
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos, también dictó esta medida contra el hermano del burgomaestre, Fortunato Chilingano y otras 12 sindicados como presuntos miembros de la organización criminal "Los Topos de Lima Sur".
La jueza de investigación preparatoria de Chorrillos, Katya Cabanillas Díaz, encontró fundados y graves elementos de convicción en los delitos de concusión, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.
Además se determinó que existe pelilgro de fuga, obstaculización de la justicia y la pena que podrían ser condenados es mayor de cuatro años, por lo que dispuso su internamiento en un penal de la capital.
En la audiencia, el fiscal anticorrupción de Lima Sur, Ramiro Gonzales, acusó al alcalde de Villa María del Triunfo de dirigir una organización criminal que se dedicada a cobrar cupos de dinero a empresas de transporte, mercados, discotecas, burdeles, cementerios y otros negocios en el distrito, en caso contrario les cerraba sus negocios.
De acuerdo a las investigaciones, la organización estaba liderada por el burgomaestre y su hermano Fortunato Chilingano quienes se dedicaba a extorsionar a pequeños y grandes empresarios del distrito desde abril del 2017.
El fiscal presentó como pruebas las declaraciones de varios testigos y las escuchas telefónicas autorizadas, realizadas por la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, las extorsiones de la banda.
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La banda criminal exigía el pago de cupos mensuales a diferentes negocios del distrito, a cambio de no clausurarlos y a los que eran cerrados, personal de fiscalización e inspecciones de Defensa Civil, les pedían dinero para entregarles los certificados necesarios para su reapertura.
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