La única orden que ICE necesita para arrestarte dentro de tu casa durante una redada

Ante el incremento de operativos migratorios en varias ciudades de Estados Unidos, muchas familias viven con una inquietud constante: qué tan protegida está su casa frente a una intervención de ICE. La pregunta no es menor ni exagerada. Saber si los agentes pueden cruzar la puerta de una vivienda para detener a una persona implica entender límites legales que, en la práctica, no siempre se respetan. La clave está en el tipo de documento que portan los agentes y en los derechos constitucionales que siguen vigentes incluso para quienes no cuentan con estatus migratorio regular.

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De acuerdo con 'Vive USA', el punto de partida es la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los registros y cateos arbitrarios. Esto significa que la simple sospecha de una falta migratoria no autoriza a las autoridades a ingresar a un domicilio. Para hacerlo, deben cumplir condiciones específicas que muchas veces no se explican con claridad durante una redada.

La diferencia clave entre una orden judicial y una administrativa

No todos los documentos que muestran los agentes tienen el mismo valor legal. La orden judicial es la más importante: es emitida por un tribunal y cuenta con la firma de un juez. Solo este tipo de orden permite a ICE entrar a una vivienda sin el consentimiento de quienes se encuentran dentro. Sin ese aval judicial, no existe autorización legal para forzar la entrada.

Distinta es la orden administrativa. Este documento es emitido internamente por inmigración y puede autorizar el arresto de una persona, pero no habilita el ingreso forzado a un hogar. En términos prácticos, si los agentes únicamente cuentan con una orden administrativa, la persona dentro de la vivienda tiene derecho a no abrir la puerta. Esta diferencia, aunque parezca mínima, es decisiva en un operativo.

Cómo actúa ICE cuando no tiene una orden judicial

En la realidad, los procedimientos no siempre se desarrollan de forma transparente. Exfuncionarios de ICE han señalado que, especialmente fuera de operativos planificados, es más probable que las reglas no se sigan al pie de la letra. Una práctica frecuente es el llamado "tocar y hablar": los agentes llaman a la puerta y solicitan que la persona salga, a veces bajo el argumento de hacer preguntas, sin aclarar que buscan detenerla una vez que abandone la protección del domicilio.

Un caso ocurrido en Minneapolis ejemplifica este problema. Allí, agentes ingresaron a una vivienda tras un altercado en el exterior y realizaron un arresto pese a que solo contaban con una orden administrativa, no con una orden judicial firmada por un juez. El proceso avanzó de todos modos, lo que expuso varias dificultades: la limitada rendición de cuentas, la admisión de pruebas obtenidas de forma irregular en cortes de inmigración y la falta de recursos legales para quienes enfrentan un proceso de deportación.

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Ante este escenario, abogados y organizaciones comunitarias coinciden en una recomendación básica: conocer y ejercer los derechos. Entre las pautas más repetidas están no abrir la puerta a agentes de ICE, pedir ver la orden a través de una ventana o por debajo de la puerta, verificar que lleve la firma de un juez y, si no la tiene, mantener la puerta cerrada. Conocer esta información puede marcar una diferencia crucial en momentos de alta presión.