ICE impone multas de hasta US$1.000 diarios: lo que deben saber los inmigrantes indocumentados

Las acciones de control migratorio en Estados Unidos no solo incluyen detenciones y procesos de deportación. Bajo el marco legal vigente, las autoridades también cuentan con herramientas económicas para sancionar a personas extranjeras que no cumplen con las disposiciones migratorias, lo que puede traducirse en multas elevadas y acumulativas.

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Para quienes viven sin estatus migratorio regular en el país, entender cómo funcionan estas penalidades resulta clave. No se trata únicamente de cifras, sino de consecuencias legales que pueden impactar directamente en la estabilidad financiera y en cualquier trámite migratorio futuro.

Multas que ICE puede aplicar a inmigrantes indocumentados

La legislación migratoria federal, a través de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), establece diferentes sanciones económicas dirigidas principalmente a quienes permanecen en EE. UU. pese a tener una orden de salida o incumplen otras disposiciones legales.

Una de las sanciones más severas es la multa por no acatar una orden de deportación (Sección 1324D). En estos casos, la normativa autoriza a ICE a cobrar un monto diario. Aunque inicialmente el límite era de US$500 por día, los ajustes por inflación han elevado la cifra hasta cerca de US$998 diarios, lo que puede generar deudas muy altas con el paso del tiempo.

También existe la multa por incumplir la salida voluntaria (Sección 1229C). Cuando un inmigrante acepta abandonar el país por su cuenta dentro de un plazo determinado y no lo hace, puede enfrentar sanciones que oscilan entre US$1.600 y más de US$8.000, según la gravedad del caso y el historial migratorio.

Por otro lado, se contemplan multas por ingreso irregular o reincidencia, reforzadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Estas penalidades aplican a quienes cruzan la frontera sin autorización o intentan hacerlo nuevamente, con sanciones de hasta US$500 por cada intento.

¿Es posible apelar o reducir una multa impuesta por ICE?

Las multas civiles no son necesariamente definitivas. La ley permite que los inmigrantes sancionados puedan impugnar o apelar estas penalidades, aunque el proceso requiere atención inmediata y, preferentemente, asesoría legal especializada.

El primer paso suele ser responder por escrito a la "Notice of Intent to Fine", el aviso oficial mediante el cual el Gobierno comunica su intención de imponer la multa. La respuesta debe presentarse dentro del plazo establecido e incluir argumentos, pruebas y cualquier información que contradiga o matice la sanción.

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Otra opción es solicitar una revisión administrativa, amparada en el Título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR Parte 280). Esta instancia permite que un funcionario evalúe el monto y las circunstancias del caso, lo que en algunos escenarios puede derivar en una reducción o cancelación de la multa.

Finalmente, cuando la sanción está vinculada a un proceso de deportación o a una orden final, el inmigrante puede apelar ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). En esta etapa se analizan aspectos legales de fondo que pueden determinar si la multa fue correctamente aplicada o no.