El OSCURO plan que aterra a INMIGRANTES: Trump e IRS compartirán datos para detener a extranjeros en EE. UU.

En una decisión que ha provocado un intenso debate, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a entregar datos confidenciales de contribuyentes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo: identificar y ubicar a inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación como parte del plan de expulsiones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.

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El acuerdo, sellado en abril entre el Departamento del Tesoro y el DHS, autoriza el acceso a nombres, direcciones y registros fiscales de personas que, según el gobierno, ya enfrentan procesos judiciales o investigaciones criminales federales. La medida marca un giro radical en la política de confidencialidad tributaria de Estados Unidos.

Acceso sin precedentes a datos fiscales

Aunque el IRS ya había compartido información fiscal en casos específicos contemplados por la ley, nunca antes se había producido una entrega masiva de datos para fines migratorios. Según fuentes cercanas, el ICE solicitó información sobre 1,23 millones de personas, pero el IRS solo pudo confirmar coincidencias en menos del 5 % de los casos por falta de correspondencia exacta en los registros. Este resultado habría generado frustración en la Casa Blanca, que esperaba un volumen mucho mayor para agilizar las detenciones.

Resistencia interna y temores legales

Dentro del IRS, la iniciativa provocó tensiones y la renuncia de altos funcionarios, incluido el comisionado Billy Long, a principios de año. Trabajadores de carrera expresaron dudas sobre la legalidad del acuerdo y advirtieron que podría vulnerar la confidencialidad fiscal protegida por ley. Organizaciones proinmigrantes alertaron que esta práctica abre la puerta para que otras agencias federales accedan a datos privados sin orden judicial, lo que podría infringir las normativas de privacidad tributaria.

El IRS maneja información de millones de inmigrantes indocumentados que, pese a su estatus, pagan impuestos con la esperanza de demostrar buena conducta y mejorar sus posibilidades en procesos migratorios. No obstante, el nuevo acuerdo podría desincentivar el cumplimiento fiscal, ya que muchos temerán ser rastreados y deportados.

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Para críticos y defensores de derechos civiles, el alcance de esta colaboración plantea un dilema profundo: ¿proteger la integridad de las leyes migratorias o preservar la confianza en el sistema tributario? Mientras tanto, el plan avanza como una de las medidas más controvertidas de la administración Trump en materia de inmigración.