MALAS NOTICIAS para Trump: la justicia protege a inmigrantes de todo EE. UU. de ser deportados
Pese al endurecimiento migratorio de Trump, la Constitución de Estados Unidos podría ser un freno importante a las deportaciones masivas.
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Las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump enfrentan una nueva barrera legal: la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Expertos en derecho constitucional señalan que esta norma, que protege la libertad de expresión, podría impedir la expulsión de miles de inmigrantes, incluidos aquellos sin documentos, si se demuestra que sus opiniones políticas son la razón detrás de su deportación.
La Primera Enmienda, nuevo obstáculo para las deportaciones masivas
Las redadas recientes han intensificado las medidas del gobierno, apuntando a estudiantes internacionales y residentes permanentes que participaron en protestas pro-Palestina. Uno de los casos más representativos es el de Mahmoud Khalil, un inmigrante sirio con residencia legal que ahora enfrenta la deportación debido a su activismo político, lo que ha desatado preocupación por posibles violaciones a derechos fundamentales.
Estas medidas han generado una fuerte reacción, provocando críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en leyes.
¿Por qué es relevante la Primera Enmienda en este contexto?
Ratificada en 1791, la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. protege derechos esenciales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica. Estas garantías se extienden a todas las personas dentro del país, sin importar su estatus migratorio, incluyendo ciudadanos, residentes legales e inmigrantes sin documentos.
"La Primera Enmienda protege a los inmigrantes que ejercen su derecho a protestar, pero existe una zona gris cuando el gobierno argumenta amenazas a la seguridad nacional", revelan diferentes letrados especilistas en derechos de inmigración.
¿Puede Trump pasar por alto la Primera Enmienda?
La administración de Trump sostiene que sus acciones están respaldadas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, específicamente por el Título 8, sección 1182(a)(3)(C), que permite al Secretario de Estado —actualmente Marco Rubio— deportar a extranjeros cuya presencia represente una posible amenaza para la política exterior del país.
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, defendió esta postura asegurando que las medidas son esenciales para proteger la seguridad nacional, argumentando que participar en protestas relacionadas con grupos considerados hostiles, como Hamás, puede verse como un riesgo directo.
No obstante, abogados especializados en inmigración argumentan que la Constitución prevalece sobre las leyes comunes, y que deportar a personas por participar en protestas pacíficas sería una violación de derechos fundamentales en Estados Unidos.
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.
