
Ante el incremento de las redadas por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversas partes de Estados Unidos, tanto inmigrantes, residentes y hasta ciudadanos han optado por grabar estas acciones para mostrarlas como prueba ante posibles abusos. En este sentido, muchos se preguntan si filmar o fotografiar a estos agentes podría tener consecuencias legales.
La respuesta no es tan simple como parece, pues dependerá del contexto en el que se produzca la situación. Durante las últimas semanas, varios periodistas reportaron que numerosas personas fueron detenidas por el hecho de solo apuntar con la cámara de su celular a los agentes.
En medio de la tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos, cientos de personas denunciaron haber recibido amenazas y hasta fueron detenidas por seguir o grabar las acciones de los agentes durante el ejercicio de sus funciones.
Ante ello, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado oficial donde clasificó el uso de cámaras para filmar, fotografiar o transmitir en vivo como "tácticas asociadas a disturbios ilegales y potenciales amenazas". Ello en la práctica, señala que solo pueden arrestarte si estás interfiriendo con su labor policial.
A pesar de que puedes considerar una orden injusta e incluso hasta constitucional, la recomendación es clara: no desobedecer a las autoridades en el lugar. Por su parte, Ken Paulson, director del Free Speech Center de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, explica a USA Today que si bien puedes expresar tu desacuerdo, siempre tienes que cumplir las instrucciones de los agentes. Cualquier reclamo que tengas puedes expresarlo después, ante un juez, pero no durante un operativo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional está enfrentando problemas legales tras haber comunicado su postura sobre la situación que enfrentan cientos de personas en las calles de Estados Unidos. Muchos periodistas se unieron para iniciar una demanda debido a que consideran que la DHS estableció una política legal que puede "llegar a suprimir los derechos que garantiza la primera enmienda".
Asimismo, un juez federal falló a su favor durante la primera instancia, pues según el magistrado Hernán A. Vera señaló que la postura que asumió la DHS está violando la ley de procedimiento administrativo.
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