Indignación tras deportación masiva a Eswatini bajo orden del gobierno de Trump

La administración de Donald Trump anunció un nuevo vuelo de deportación hacia Eswatini, una nación del sur de África que no guarda conexión directa con los inmigrantes trasladados. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el grupo deportado incluye personas originarias de Jamaica, Yemen, Laos, Vietnam y Cuba, cuyos países de origen se negaron a recibirlos.

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EE. UU. deporta a inmigrantes a Eswatini, país sin vínculos con los expulsados

Tricia McLaughlin, vocera del DHS, confirmó la operación a través de su cuenta en 'X', señalando que los individuos eran "tan peligrosos" que ni siquiera sus países quisieron aceptarlos de vuelta. "Estos criminales depravados han aterrorizado a nuestras comunidades", escribió, destacando la acción como un logro de la administración Trump y de la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Corte Suprema facilita deportaciones a terceros países

Este tipo de deportación es posible gracias a una reciente decisión de la Corte Suprema, que permitió enviar a ciertos inmigrantes a países terceros sin aviso anticipado. La resolución representa un cambio legal significativo y ha permitido al gobierno acelerar el proceso de expulsión, incluso cuando los destinos no guardan relación con los antecedentes personales de los migrantes.

Días después del fallo, otro grupo de ocho personas fue enviado a Sudán del Sur, un país afectado por un conflicto armado. Esos inmigrantes habían sido retenidos durante semanas en Djibouti, mientras se resolvían procesos judiciales. Los registros indican que provenían de Myanmar, México, Vietnam, Laos, Cuba y Sudán, y que tenían antecedentes penales, lo cual habría motivado su deportación urgente.

EE. UU. negocia acuerdos secretos con países terceros

Ante las limitaciones que imponen algunos países al recibir a sus propios ciudadanos deportados, el gobierno estadounidense ha comenzado a cerrar acuerdos discretos con otras naciones para que acepten extranjeros. Esta práctica busca sortear obstáculos legales y logísticos, aunque ha generado críticas de defensores de derechos humanos y expertos en derecho internacional.

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Estos acuerdos plantean inquietudes sobre la seguridad de los deportados, ya que son enviados a territorios donde pueden enfrentar situaciones extremas sin apoyo consular ni redes de protección. Activistas denuncian que el objetivo del gobierno es simplemente retirar del país a personas consideradas "indeseables", sin importar las condiciones a las que sean sometidas en su destino final.