
A partir del 1 de octubre, Estados Unidos incrementará significativamente el valor de la visa de no inmigrante, elevando su tarifa de US$185 a US$435. Este cambio responde a la implementación de una nueva "tasa de integridad", que busca financiar mayores medidas de control y fiscalización de empleadores en programas temporales de trabajo.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva tasa se aplicará a quienes soliciten visas de trabajo como las categorías H-1B, H-2A y H-2B, pero también impactará a muchos solicitantes de visas de turismo, negocios y estudio. La medida ha generado preocupación entre abogados migratorios y empresas que dependen de trabajadores extranjeros.
La nueva tarifa busca fortalecer el monitoreo y la transparencia en el sistema de visas temporales, especialmente en sectores donde se detectaron abusos laborales o prácticas fraudulentas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) explicó que los fondos recaudados ayudarán a reforzar inspecciones, auditorías y cumplimiento de normas.
Aunque originalmente pensada para empleadores, la tasa será pagada por los solicitantes de visas, lo que implica una carga económica extra para quienes buscan ingresar al país por motivos turísticos, laborales o educativos. La medida también impacta negativamente en trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas de América Latina.
EE. UU. incrementa costo de visa a US$435 con polémica tasa de integridad.
Este nuevo costo se suma a una serie de ajustes impulsados por el gobierno de Trump para reformar el sistema migratorio. Si bien se argumenta que estos fondos fortalecerán la seguridad y el cumplimiento de normas laborales, diversos sectores lo ven como una barrera adicional para quienes desean trabajar legalmente o simplemente visitar Estados Unidos.

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Organizaciones migratorias han manifestado su preocupación por el efecto disuasorio que tendrá la medida, especialmente en solicitantes de bajos recursos. A pesar de ello, el DHS ya confirmó que la nueva tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 2025.
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