
Antes de viajar a Florida, Donald Trump protagonizó un momento inesperado con una periodista que le preguntó si planeaba deportar a Elon Musk. El presidente respondió en tono sarcástico que quizás sería necesario enviar a "DOGE" —una comisión creada por Musk para limitar el gasto federal— para "comerse a Elon", acusándolo de estar molesto por el fin de los subsidios a vehículos eléctricos. La disputa entre ambos refleja una creciente tensión política, pese a que Musk apoyó a Trump con más de 275 millones de dólares y respaldo mediático a través de su red social X.
Musk es ciudadano estadounidense por naturalización desde 2002. Nacido en Sudáfrica y con ciudadanía canadiense, llegó a EE. UU. como estudiante en 1995. Su historial migratorio ha sido cuestionado, incluso por su hermano, quien reveló que en sus inicios enfrentaron problemas legales por su estatus.
Aunque deportarlo sería legalmente posible en un escenario extremo, requeriría una compleja batalla judicial con uno de los hombres más poderosos del mundo. Aun así, Trump ha dejado entrever que usaría esa posibilidad como parte de una estrategia más amplia contra inmigrantes naturalizados.
Más allá del caso de Musk, el gobierno de Trump ha mostrado interés en expandir la política de desnaturalización. El Departamento de Justicia ya ha incluido en su lista de prioridades la revocación de ciudadanías por motivos como amenazas a la seguridad nacional, delitos de guerra o fraude migratorio. Aunque estas categorías son limitadas, la administración se reserva el derecho de incluir otras según su criterio, lo que ha generado preocupación entre comunidades migrantes.
El caso de Elliot Duke, un inmigrante británico nacionalizado tras servir en el ejército estadounidense, es una señal clara. Duke fue condenado en 2014 por distribución de pornografía infantil, y en junio de 2025 le fue retirada la ciudadanía. El hecho demuestra que estas medidas ya se están aplicando en la práctica, y refuerzan el temor de que se abra la puerta a una campaña más agresiva de revocaciones masivas.
Trump ha insinuado que incluso personas nacidas en EE. UU. podrían ser objetivo de sus planes. Sin embargo, expertos en inmigración explican que revocar la ciudadanía a alguien nacido en territorio estadounidense es legalmente inviable, salvo en casos extremadamente raros de fraude documentado al momento del nacimiento. "Quien nace en el país es ciudadano, a menos que se demuestre lo contrario con pruebas", afirmó el abogado Jaime Barrón.
Trump ha dejado en claro que su intención no se limita a los inmigrantes sin papeles. Ha dicho abiertamente que quiere expulsar también a personas nacidas en EE. UU., aunque carezca de autoridad para hacerlo. Esta retórica, aunque legalmente limitada, tiene un impacto real: alimenta el miedo en comunidades migrantes, crea incertidumbre entre ciudadanos naturalizados y profundiza las divisiones políticas en torno a la identidad y los derechos en Estados Unidos.
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.