
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo en Colombia 2026, fijado en 23,7%, abrió un debate político, jurídico y social que movilizó a miles de personas en distintas ciudades del país. La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado el 13 de febrero de 2026 y afecta a trabajadores, empresarios y sindicatos.
El decreto, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, planteaba un ajuste bajo el concepto de “salario vital”, figura defendida por el Ejecutivo como mecanismo para preservar el poder adquisitivo. Sin embargo, el alto tribunal ordenó detener temporalmente la medida.
El Consejo de Estado argumentó que el Gobierno no habría cumplido con los requisitos técnicos y legales establecidos en la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo.
Entre los criterios observados se encuentran:
El tribunal señaló que existen “dudas razonables” sobre los fundamentos técnicos del ajuste del 23,7%, por lo que ordenó la expedición de un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, con una justificación reforzada.
Mientras se resuelve el proceso judicial, los empleadores deben conservar los niveles salariales vigentes hasta la entrada en vigor de una nueva disposición oficial.
El Ejecutivo defendió el aumento bajo el concepto de “salario vital”, planteado como una herramienta para fortalecer la protección social y el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó durante una movilización que el decreto provisional sostendrá el incremento del 23,7%.
“Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año”, expresó.
El funcionario reiteró que el Gobierno cumplirá con los plazos exigidos por el Consejo de Estado.
El 19 de febrero de 2026, miles de personas salieron a las calles en respaldo al aumento salarial.
Las manifestaciones se registraron en:
La principal concentración tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las movilizaciones fueron impulsadas por el presidente Gustavo Petro y respaldadas por sindicatos y organizaciones sociales.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que la jornada envió un mensaje claro al empresariado y al Consejo de Estado al indicar que “lo mejor que puede hacer es que las archiven definitivamente”.
El sector empresarial presentó múltiples demandas de nulidad contra el decreto. Gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) cuestionaron que la figura de “salario vital” no esté expresamente contemplada en la legislación vigente para determinar el salario mínimo.
Las acciones judiciales buscan que el método utilizado se ajuste estrictamente a los parámetros técnicos definidos en la Ley 278 de 1996.
El Gobierno presentó un recurso de súplica contra la decisión del magistrado Juan Camilo Morales, autor del auto que suspendió el incremento.
Según el ministro Antonio Sanguino, el Ejecutivo considera que el magistrado excedió el alcance de la medida cautelar al emitir una opinión jurídica que afecta el fondo del asunto, aún pendiente de decisión definitiva.
El proceso podría extenderse varios días. Si el recurso resulta favorable al Gobierno, se suspenderá el auto; de lo contrario, se expedirá un decreto transitorio para mantener el salario vital mientras continúa la discusión legal.
El Gobierno cuenta con un plazo de ocho días, desde la notificación del 13 de febrero, para emitir un nuevo decreto transitorio con una justificación técnica reforzada.
Hasta entonces, empleadores y trabajadores deberán mantener los niveles salariales vigentes mientras el Consejo de Estado define el futuro del aumento del salario mínimo 2026 en Colombia.
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.