Julio Pacheco Pimentel, docente del colegio Julio C. Tello y padre de una niña, fue asesinado a plena luz del día frente a sus alumnos en Ate, víctima de sicarios. Horas después, en Comas, un bus de la empresa Urano Tours, lleno de pasajeros, fue acribillado por la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte” en un cobro de cupos.
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En ambos casos se repite un patrón preocupante: la ausencia total de policías en las zonas, a pesar del estado de emergencia. Mientras crece la indignación pública, en el Ejecutivo y el Congreso parecen vivir en una realidad paralela.
La presidenta Dina Boluarte cuenta con 222 policías dedicados exclusivamente a su seguridad, protegiendo tanto su residencia en Surquillo como los exteriores de Palacio de Gobierno. Una cifra desproporcionada considerando que el país atraviesa una crisis de seguridad, con más de 360 asesinatos por extorsión en lo que va del año, según la Policía Nacional.
Según el exministro del Interior, Mariano González, la Policía Nacional del Perú asigna al menos ocho policías para custodiar a cada ministro de Estado. Haciendo un cálculo rápido, hablamos de al menos 152 agentes solo para proteger a los ministros.
En el caso del presidente del Consejo de Ministros, la seguridad es aún más estricta, con 12 suboficiales asignados, dos adicionales para su vivienda y dos motocicletas policiales. La escolta ministerial está compuesta por un jefe de seguridad (generalmente un comandante o mayor) y ocho suboficiales para su protección personal, además de dos agentes para sus domicilios y vehículos policiales de apoyo.
El Congreso tampoco es ajeno a esta realidad. De acuerdo con el periodista Martín Hidalgo de El Comercio, cada parlamentario cuenta con un policía asignado para su resguardo, sumando 116 agentes. Además, el presidente del Congreso tiene la misma protección que el presidente del Consejo de Ministros: ocho escoltas y dos policías adicionales para su vivienda.
En total, más de 500 policías están dedicados a proteger a las autoridades y representantes de un gobierno que apenas cuenta con un 4% de aprobación, mientras que, en las calles, los ciudadanos comunes —choferes, amas de casa, trabajadores— claman por la presencia de un agente del orden.
Este contraste entre la amplia protección de las autoridades y la falta de seguridad en las calles refleja una desconexión alarmante entre los intereses del gobierno y las necesidades urgentes de la población. Mientras cientos de policías resguardan a quienes deberían estar trabajando para solucionar la crisis de seguridad, los ciudadanos viven con miedo e indefensión frente a una ola de criminalidad que no muestra señales de detenerse.
Cada asesinato, cada ataque en el transporte público, incrementa la sensación de abandono, mientras que el gobierno parece enfocado en su propia seguridad, ignorando el clamor de quienes verdaderamente requieren protección: el pueblo peruano.
Periodista especializado en temas policiales y políticos. Graduado de la Universinad Nacional Federico Villarreal. Redactor y coordinador en El Popular. Interesado en temas policiales, política y actualidad.