Con la creciente ola de criminalidad, hablar de la pena de muerte en el Perú se hizo más fácil. Sin embargo, dicha condena se terminó por anular en 1979, tras la ejecución de un peruano que pasó a la historia como el último en recibirla. Se trata de Julio Alfonso Vargas Garayar, de 29 años, un suboficial FAP que terminó siendo ejecutado en base al artículo 54 de la Constitución de 1933. Pero ¿Por qué?
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De acuerdo a los medios de la época, alimentado por la versión oficial de las Fuerzas Armadas, Vargas Garayar fue detenido el 12 de octubre de 1978 a poca distancia de la base aérea de Talara, en Piura, luego de ser acusado de ser un espía para los intereses de Chile y que había entregado información confidencial de la base de La Joya, en Arequipa, con una cámara Kodak 125 a cambio de sumas importantes de dinero.
Asimismo, la Cancillería peruana se sumó a las acusaciones y aseguró que el entonces suboficial había sido reclutado por el Mayor FACH Carbajal e involucró también al "Agregado Aéreo chileno, General de Brigada Vicente Rodríguez Busto, además de Julio Chiminelli y Ricardo Aqueveque, consejeros administrativos.
Para las fuerzas militares de Perú, Julio Vargas contaba con acceso de toda la información que necesitaba la armada chilena y cuando se enteró que fue descubierto intentó huir a Bolivia con ayuda del consulado del país sureño. Por ello, tras su detención, el 14 de diciembre se le condenó a muerte por el delito de traición a la patria y al pago de S/ 100 mil de reparación civil. Fue fusilado el 20 de enero de 1979.
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Para su familia, la muerte de Julio Alfonso Vargas Garayar fue una medida injusta. De la misma manera también lo creyó su abogado César Lozano, quien intentó impedir a toca costa que la pena capital llegue a quien desde pequeño soñó con ser militar, pero que no pudo cumplir debido a su baja estatura.
Para Lozano, la versión oficial que sentenció al suboficial fue solo para tapar una red de corrupción que el propio Vargas descubrió sobre sus superiores mientras cumplía su labor como espía de Perú. Indica que jamás trabajó para Chile y que su baja de la FAP no fue por no aprobar exámenes, sino que fue fingida. Así se lo comentó al periodista Fernando Vivas para El Comercio.
El abogado de oficio movió mar y tierra para que su patrocinado no sea ejecutado, pero, menciona, desde el Ejército nunca se lo permitieron. "El 18 fui al local del Comando Conjunto, en la avenida Arequipa, donde sesionaba el Consejo Supremo de Justicia Militar. No me dejaban entrar. Yo gritaba que él tenía derecho a un abogado civil", recordó el letrado.
Asimismo, menciona que al insistir intentaron apresarlo, pero ante la llegada de la prensa ello no ocurrió. "Yo gritaba que él tenía derecho a un abogado civil. Me quisieron meter preso, pero llegó la prensa. Un coronel fue a consultar a los vocales del consejo. Me hicieron pasar, me prometieron que al día siguiente podía ver el expediente", dijo.
Pese a ello, cuenta que le negaron el expediente que acusaba a Julio Vargas porque "era reservado". Ante dicha situación, "hice escritos al presidente para pedir clemencia, me dijeron que su repuesta tardaría 3 días. Era demasiado. Entonces, les dije a los padres: ‘Vamos a la nunciatura, para pedir la clemencia del papa Juan Pablo II’.
"Nos siguió la prensa, pero el nuncio solo dejó pasar a los padres y a mí. Se conmovió y nos prometió: ‘Mañana a las 5 de la tarde, ustedes tienen la respuesta del Papa’. Esa noche casi no dormí. Al amanecer oigo en la radio a Juan Ramírez Lazo que decía que había sido fusilado", narró antes de quebrarse, ya que fue para él una frustración profesional.
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