
Insólito. Un informe de La República reveló que la familia de Christian Buitrón Aguirre (35), uno de los jóvenes que falleció tras ser atropellado por Melisa González Gagliuffi en octubre de 2019, apeló para que la condena de 6 años de prisión en su contra se reduzca y pase a una pena no efectiva. Ello luego de llegar a un acuerdo económico extrajudicial.
Como se recuerda, González Gagliuffi fue sentenciada por provocar la muerte no solo del joven de 35 años, sino también de Joseph Huashuayo Tenorio, de 28. Sin embargo, la defensa de la empresaria rechazó el fallo y apeló para que esta sea anulada. En tanto, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se le aplica la pena máxima de ocho años.
Hace poco, una investigación de El Comercio dio a conocer que la economista de profesión se encuentra haciendo una vida normal en Lima pese a tener una sentencia firme por parte del Poder Judicial y encontrarse dentro del programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) donde se ofrece 30 mil soles por dar información sobre su paradero.
El Ministerio del Interior ofrece 30 mil soles por información sobre el paradero de Melisa González Gagliuffi.
Pese a ello, los familiares de Huashuayo Tenorio indicaron no tener confianza en los operadores de justicia del país y pidieron que se dicte una orden de captura internacional. "No siento mucha confianza en este Poder Judicial. Ojalá que tomen cartas en el asunto, de que emitan una búsqueda internacional. Ahí yo puedo estar un poco más tranquilo, que en cualquier momento la van a capturar", mencionó Fortunato Huashuayo, padre de Joseph.

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Sin embargo, el caso podría tener un giro de 180 grados luego de que La República descubriera que los familiares de Christian Buitrón y de Luis Vega, joven que resultó gravemente herido en el accidente, apelaron al fallo y solicitaron revocar no solo la sentecia de seis años, sino también la reparación civil.
Según argumentaron, la pena contra Melisa González fue “injusta, arbitraria, ilegal y desproporcional”, por lo que pidieron revocar la condena y se le imponga "4 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el término de 3 años".
Ello generó la indignación de los deudos de Joseph Huashuayo Tenorio, quienes indicaron que los parientes de Chsirtian habrían llegado a un acuerdo económico extrajudicial.

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"Estas personas que habían llegado a un arreglo económico previo al juicio oral, al haber sido ya resarcidos, no tenían mayor dato que alegar; sin embargo, ante los seis años de pena privativa contra la sentenciada, ellos han apelado para que la dejen en libertad", resaltó Marlene Palma, abogada de la familia Huashuayo. “A tanto se puede llegar a comprar conciencias", agregó.
Asimismo, señaló que la familia de la víctima de 35 años también apelaron "a la reparación, aduciendo que el monto es discriminatorio, ya que ellos han hecho arreglos económicos por 60.000 y 140.000; y por qué a la familia Huashuayo le tiene que dar 200.000 argumentando que la sentencia está discriminando las otras vidas".
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