La noche de ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la ley que faculta a los trabajadores el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 18 400 soles de los fondos previsionales que se encuentran administrados por las AFP.
Asimismo, durante la promulgación que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, el mandatario, señaló que la norma promulgada busca aliviar la economía de las familias peruanas que tienen la necesidad de cubrir gastos de alimentación, salud, deudas u otros compromisos pendientes en un contexto de crisis económica.
La ley aprobada por el Ejecutivo, entrará en vigencia a partir de su publicación en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, pudiendo ser, en el mejor de los casos, hoy sábado 21 (en edición extraordinaria) o el lunes 23 se estaría publicando la normativa. En ese sentido, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene 10 días hábiles para publicar el reglamento respectivo con el fin de detallar cómo se realizarán los retiros por parte de los pensionistas. Por lo que, una vez anunciado ello, los afiliados podrán efectuar su solicitud para el retiro correspondiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio del oficio N° 541-2022-EF/10.01, a La Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, emitió su opinión en contra de la autógrafa de ley que aprueba el retiro de 4 UIT a las AFP, basándose en tres conclusiones:
La primera sustenta que la autógrafa de ley, contravendría lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú.
La segunda sostiene que el retiro de los fondos planteados en la autógrafa de ley tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero, dado que, por consecuencia de esta medida, al requerir cerrar posiciones del portafolio de inversiones, descapitaliza más los fondos, generando pérdidas adicionales para la economía.
Finalmente, expresa que autógrafa de ley, carece de un estudio matemático y actuarial que justifique algún beneficio para la sostenibilidad del Sistema Privado de Pensiones".
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