La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó este jueves durante la mañana, unos 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue la denuncia contra el excongresista Manuel Merino de Lama, el extitular del gabinete ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
La decisión para brindarle a la SAC las investigaciones por la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos por el presunto delito de homicidio por omisión durante las movilizaciones de noviembre del 2020, fueron aprobadas con 16 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.
Asimismo, con congresistas que se opusieron a otorgar el plazo de 15 fueron los integrantes de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura; y el parlamentario de Acción Popular Pedro Martínez.
Cabe resaltar que el pasado 10 de diciembre del 2021, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra Merino de Lama y los exministros, sin embargo, durante la sesión en el Congreso hubo intento de blindaje por parte de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.
El expresidente de la República del gobierno facto, Manuel Merino, justificó que la solicitud de pensión vitalicia que realizó es para pagar a sus abogados para su defensa legal ante las denuncias que ha recibido por su corto periodo de gestión. Como se sabe, Merino exige una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales por haber sido el jefe del Poder Ejecutivo entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.
De esta forma, el excongresista indicó que ese dinero servirá para pagar a los abogados que ya le exigen el pago que en realidad, según su criterio, debería ser responsabilidad del propio Estado de la Nación. “Yo tengo tres habeas corpus de denuncia; tengo una denuncia hecha por la misma fiscal (de la Nación) y una denuncia constitucional. Todas esas defensas de esas denuncias debería pagarlas el Estado", sostuvo.
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