El fiscal José Domingo Pérez pidió prisión para 34 personas, que integrarían la cúpula de Fuerza Popular, entre ellos estarían involucrados tesoreros, contadores, personeros, administradores que habrían recepcionado, lavado y ocultado 17 millones 312 mil 984 dólares en la campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
Las evidencias para esta solicitud se encontrarían en los 44 tomos de 3.200 folios, que incluyen las declaraciones de 14 colaboradores eficaces como empresarios que hicieron aporte a la lideresa del partido naranja para financiar sus actos poselitistas.
Del mismo modo, Domingo Pérez, señaló que habrían 6 abogados comprometidos, que la fiscalía les vendría atribuyendo el delito de obstrucción a la justicia. Para ellos se pidió 37 años de prisión en comparación de las otras 34, que por lavado sumarían 781,9 años de cárcel.
-US$ 3.650.000 proveídos por el grupo Credicorp, cuando estaba encabezado por Dionisio Romero Paoletti.
-US$ 3.500,00 otorgado por el Grupo Rassmuss, por intermedio del empresario Enrique Gubbins Bovet.
-US$ 3.730.000 también entregado por Enrique Gubbhins Bovet del Grupo Rassmuss.
-US$ 2.192.859 derivados de supuestas compraventas de terrenos que hizo Mark Vito Villanella mediante su empresa MVV Bienes Raíces.
-US$ 2.077.500 que captó el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena, de parte de diferentes agremiados de la organización, mediante la simulación de una campaña a favor del libre mercado, pero que era de apoyo a Keiko Fujimori.
-US$ 1.000.000 que proveyó la constructora Odebrecht, según confesó Jorge Barata.
-US$ 450.000 que entregó Inversiones Piuranas, por intermedio de Dionisio Romero Paoletti.
-US$ 440.000 que suministró Enrique Gubbins Bovet del Grupo Rassmuss.
-US$ 200.000 entregados por Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria.
-US$ 52.000 más un promedio de US$ 5.000 que abonaron empresarios que formaban parte del llamado ‘Club de la Construcción’.
-US$ 15.000 que otorgó el investigado por lavado de activos Luis Calle Quirós, hermano de un miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori, en 2011.
Para José Domingo Pérez, Keiko Sofía tuvo complicidad y beneficios por el aparato partidario, ya que los más de 17 millones de dólares no fueron declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Por los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicias, estas personas podrían recibir las mayores penas que solicita el fiscal.
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