El Ejecutivo aprobó la Ley 31155 que previene, sanciona y busca erradicar el acoso contra las mujeres en la vida política. Con esta medida se busca garantizar el ejercicio y la participación con igualdad de condiciones.
Esta ley está dirigida a las autoridades elegidas por elección popular que tengan cargos políticos en el gobierno nacional, regional y local, así como a las aquellas que desempeñan cargos políticos con funciones ejecutivas.
Asimismo, también incluye a las candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los mismos niveles ya mencionados. Desde su oficialización de participación en elecciones internas, primarias o de alianza política.
Es importante señalar que se han incluido a las autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afro descendientes que ejercen cargos.
Cabe recordar que durante el periodo de Elecciones Generales se han presentado diversos casos de acoso político, como el de la candidata Sigrid Bazán, quien fue atacada públicamente en diversos programas televisivos.
Por otro lado, también se presentó el caso de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, cuando fue agredida verbalmente en sesión del Parlamento por su colega Cecilia García.
En tanto, la ley también involucra a entidades como el Ministerio de la Mujer para llevar un registro de los casos, así como del Minedu para incorporar contenidos educativos en contra del acoso político a las mujeres.
De acuerdo a la definición puesta en la ley, se califica como cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.
Se pueden identificar a través de las siguientes conductas
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