Luego de las diversas iniciativas en el Congreso de la República donde se busca que las empresas privadas tengan luz verde para comprar y comercializar las vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19), el ministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló que ello se puede realizar pero evitando que compitan con el Estado peruano.
“Habría que evitar que, si un sector privado quisiera importar (vacunas contra COVID-19), que eso no sea compitiendo con el Estado. El Estado está negociando vacunas con diversas empresas, pero no puede ser que alguien venga y le pegue un codazo al Estado, compra y viene y altera todo” señaló.
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En su visita a la región Huánuco, el titular del Minsa precisó que en caso el sector privado quiera importar las dosis, deberán respetar las reglas que imponga el Estado y respetando las fases de vacunación contra esta enfermedad en el país.
“No digo que quienes desean participar estén pensando en eso, pero son reglas claras que tendrían que tomarse en cuenta”. reiteró Ugarte.
Cabe recordar, que días atrás el ministro de Salud confirmó que el sector privado no tiene la autorización para importar y distribuir de manera autónoma las vacunas contra el Sars Cov2, por lo que diversos parlamentarios presentaron proyectos de ley que tienen como fin revertir esta medida.
En diálogo con La República, el miembro del Comando Vacuna, Antonio Pratto, señaló que los proyectos de ley presentados en el Congreso donde buscan que privados accedan a la compra y comercialización de vacunas contra la COVID-19 son inviables, debido a que los laboratorios vienen negociando de manera silenciosa con los estados a fin de buscar equidad.
“Hay un problema de oferta, la vacuna es un bien escaso. Hay 12 mil millones en precompras y reservas (…). Y esto recién cambiará a fin de año cuando aumente la producción y haya 6 o 7 nuevas vacunas”, indicó.
Asimismo, señala que si bien los privados resultan ser más eficientes y sus intensiones parecen ser buenas, estás podrían establecer alianzas estratégicas con el Gobierno central para ayudar en la inmunización por medio de las cadenas de farmacias, tal y como sucede en Estados Unidos y Chile, siendo algo más factible para la tercera fase de vacunación.
“Las farmacias pueden atender a barrios, o los gremios -como el minero- puede recibir la vacuna del Estado e inmunizar a sus trabajadores. Eso es factible. Lo otro no. Si el Gobierno se demora, imagínese las regiones y las empresas”, añade el especialista.
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Por su lado, el epidemiólogo Antonio Quispe, considera que las iniciativas podrían perturbar las reglas y prioridades en el proceso de la aplicación de este medicamento. “No se puede poner precio a la salud. Si los privados (o las regiones) compran vacunas no solo van a competir con el Gobierno sino que van a generar inequidades. Solo los que tienen dinero podrán hacerlo por encima de los grupos prioritarios”.
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