En medio del estado de emergencia por el coronavirus, la bancada de Alianza Para el Progreso presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que busca eliminar la inmunidad parlamentaria. El texto fue impulsado por el congresista Omar Chehade.
Actualmente, el artículo 93 de la Constitución señala:
"Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”, se lee.
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“No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento", precisa el texto.
En el caso de que se apruebe el proyecto de ley de Alianza Para el Progreso, el artículo de la Constitución quedaría así:
“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación por actos propios de su representación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.
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"Que impedía el procesamiento y arresto de los parlamentarios, se condice con unas de las principales políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es el fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho; desterrando así del imaginario popular la infausta idea expresada en esa tristemente célebre frase de: otorongo no come otorongo”, se lee en otra parte del proyecto.
En otro momento, el documento de Alianza Para el Progreso hace hincapié en “despojar a la investidura congresal de privilegios que colisionen con el principio constitucional de igualdad ante la ley que debe prevalecer entre todos los ciudadanos; preservando solo aquellos necesarios a asegurar la libertad e independencia de la función parlamentaria”.