Empresas operadoras de telefonía tenían más de 4 mil servicios móviles vinculados a delitos

Desde el año 2022 a la fecha se han detectado 4340 servicios móviles con datos inconsistentes como “nene malo”, “pero calma papi”, “Haland Bolt Advíncula”, en el registro de abonados de las empresas operadoras, que están vinculados a la comisión de delitos de suplantación de identidad, fraude informático, estafa, entre otros, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Estos hallazgos se dieron durante la revisión de los datos del registro de abonados de las empresas operadoras para atender los requerimientos de información sobre la titularidad de servicios móviles para la investigación de delitos a cargo de instituciones públicas como el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

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Entre las principales inconsistencias detectadas figuran nombres y apellidos formados únicamente por consonantes (BABAAB ABA ABA), con caracteres alfanuméricos (1KABZJZB AMKSZDB A JSZVBZ) o que contienen groserías o sinsentidos (“Carmen como hace”, “nene malo”, “pero calma papi”, “Haland Bolt Advíncula”). Además, existen abonados consignados con el tipo de documento errado como pasaporte o carné de extranjería, entre otros casos.

La mayor cantidad de inconsistencias detectadas corresponden a la empresa Movistar con 4002 casos, le sigue Entel (152), Claro (120), Bitel (64) y Flash Mobile (2), casuística que viene siendo abordada por el OSIPTEL a través del proceso de limpieza del registro de abonados, iniciado en agosto de 2022.

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“Estas contrataciones en su mayoría provienen de la venta ambulatoria de chips y vulnera los derechos de los usuarios al no garantizar que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil”, indicó la directora de Atención y Protección del Usuario, Tatiana Piccini.

Señaló que cuando ocurren estas inconsistencias, no se puede brindar información adecuada para la tramitación de los delitos investigados y en consecuencia obstruyen la administración de justicia, debido a que los datos errados afectan la identificación de personas involucradas en hechos delictivos.