Suboficial que intervino a comandante PNP por ebriedad tenía orden de captura e investigaciones vigentes

Ricardo Manuel Vargas Castro, el suboficial que detuvo al comandante José Carlos Terrones Huanca en Los Olivos, arrastra un historial de denuncias y restricciones judiciales. Al momento de la intervención, ya era investigado por disparos al aire, agresión a una mujer y exhibición de material íntimo.

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El pasado domingo, el comandante PNP José Carlos Terrones Huanca fue intervenido tras despistar su vehículo en presunto estado de ebriedad en Los Olivos. El operativo estuvo a cargo del suboficial de tercera Ricardo Manuel Vargas Castro, quien trasladó al oficial a la comisaría Sol de Oro, pero poco después Terrones fue liberado sin sanción tras alegar un habeas corpus. Lo que no se sabía en ese momento era que el policía que lo intervino también enfrentaba una serie de cuestionamientos.

Vargas Castro, al momento del operativo, tenía investigaciones pendientes por el delito de peligro común tras ser acusado de disparar al aire junto con otros agentes durante el velorio del suboficial Steven Smith Olascagua, en Comas. Este hecho, ocurrido en agosto de 2023, fue considerado de gravedad por el Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva contra él y otro efectivo. La audiencia fue presidida por la jueza Ruth Espinoza Quispe en Lima Norte.

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Pero esa no es la única mancha en su historial. Fuentes policiales revelaron que Vargas cuenta con una orden de impedimento de salida del país, por haber estado recluido en un penal debido al mismo caso del velorio. Además, durante su adolescencia, habría sido denunciado por presunto robo en centros comerciales. Y apenas cuatro días antes de la intervención al comandante, fue denunciado tras protagonizar una pelea con una mujer dentro de un restaurante, en la que lo acusaron de exhibir videos íntimos.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional del Perú ni el Ministerio del Interior se han pronunciado sobre los antecedentes del suboficial Vargas Castro, ni sobre su idoneidad para seguir en funciones. La ciudadanía exige respuestas claras en medio de una situación que expone una profunda crisis institucional, donde los encargados de hacer cumplir la ley arrastran procesos igual de graves que aquellos a quienes intervienen.