"Ciudad penitenciaria": La propuesta del alcalde del Rímac para enfrentar la ola de crímenes

El alcalde del distrito del Rímac, Néstor De La Rosa, ha propuesto la creación de una "ciudad penitenciaria" como medida para combatir la creciente ola de crímenes que afecta a Lima. Esta iniciativa busca concentrar en un solo lugar a los delincuentes de alta peligrosidad, con el objetivo de reducir la inseguridad en las calles y cortar la coordinación de delitos desde los centros penitenciarios actuales.

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¿Solución radical o populismo electoral?

La propuesta del alcalde ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores políticos la respaldan como una medida valiente frente a la delincuencia, otros la consideran un acto populista en busca de simpatía electoral. Los expertos en criminología coinciden en que el problema de la inseguridad no se resolverá únicamente con medidas punitivas, sino con estrategias integrales que incluyan educación, empleo y programas de reinserción social.

Asimismo, organizaciones civiles han cuestionado la falta de estudios técnicos y financieros que respalden la viabilidad del proyecto. Se ha exigido al alcalde que presente un plan detallado sobre cómo se financiaría la construcción y cuál sería el impacto social en las zonas cercanas. Por el momento, la propuesta sigue en fase de discusión, mientras el debate continúa en la opinión pública.

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Inseguridad en aumento: ¿Es suficiente una ciudad penitenciaria?

El contexto de inseguridad en Lima ha llevado a las autoridades a buscar soluciones rápidas y contundentes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los índices de criminalidad han aumentado significativamente en el último año, afectando tanto a zonas céntricas como periféricas de la ciudad. Ante esta situación, la ciudadanía exige respuestas inmediatas y efectivas.

El alcalde De La Rosa asegura que centralizar a los delincuentes peligrosos permitirá mejorar la vigilancia y el control de sus actividades, evitando que sigan operando desde las cárceles. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que la medida podría vulnerar garantías fundamentales y perpetuar un enfoque meramente punitivo sin abordar las causas estructurales del delito. Mientras tanto, el proyecto continúa generando controversia en la opinión pública y en los sectores políticos.