Ucayali: detienen a alcaldesa y a funcionarios ediles por ser parte de una red criminal
La presunta red criminal 'Los Fantasmas de Ucayali' habría desfalcado a la municipalidad de Yarinacocha por unos 20 millones de soles.
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En un megaoperativo realizado esta madrugada en el distrito de Yarinacocha (Ucayali), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público allanaron 43 inmuebles, donde lograron intervenir a 30 integrantes de una presunta organización criminal denominada ‘Los Fantasmas de Ucayali’, la cual sería integrada por funcionarios del municipio distrital de dicha jurisdicción.
El Ministerio Público informó que red de testaferros habría desfalcado a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha por unos S/ 20 millones y su principal operador sería Alexander Bordor, alias “Diablo”.
Entre los integrantes de esta organización se encuentra a Jerly Díaz Chota, alcaldesa de la comuna, la cual es señalada como la cabecilla de esta organización, Carlos Valles Araujo, alias “Cachetes”, quien se desempeñaba como gerente municipal, así como diversos funcionarios y servidores ediles de la comuna.
A ellos se les atribuyen los delitos de colusión, malversación de fondos, peculado, cobros indebidos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, tráfico de influencias e ilícitos conexos por actos irregulares que habrían cometido desde la comuna.
La Fiscalía indicó que ‘Los Fantasmas de Ucayali’ habrían desfalcado al municipio por millonarias sumas de dinero entre los años 2019 y 2020, esto mediante 54 contratos de compras, obras, órdenes y órdenes de compra adjudicadas a empresas de fachada.
Entre esos años, se habrían realizado contratos sobrevalorados por conceptos de limpieza, mantenimiento de calles, áreas verdes y cultivos, entre otros. Asimismo, estos contratos habían sido suscritos a través de las gerencias y subgerencias municipales a proveedores fantasmas, sin recurso público.
Entre los detenidos, se encuentra Javier Pérez Núñez, esposo de la alcaldesa y su presunto lugarteniente, quien no ejercía cargo en la comuna, pero habría tejido una red de testaferros, además de coordinar los pagos y proyectos de las obras.
La intervención contó con la participación de 266 efectivos policiales, entre ellos, personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación de 40 fiscales especializados en crimen organizado.
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