Fiscal otorga 10 días de plazo para que entidades públicas informen sobre las vacunas

La Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima Norte dispuso esta medida durante el "Mega Operativo" que realizó a las cinco entidades públicas.

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Fiscalía otorga 10 días de plazo para que entidades públicas entreguen informes sobre las vacunas
Fiscalía otorga 10 días de plazo para que entidades públicas entreguen informes sobre las vacunasCrédito: Ministerio Público de Lima Norte

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, otorgó un plazo de 10 días a las cinco Entidades Públicas que fueron intervenidas por la vacunación irregular que se les colocó a diversos funcionarios públicos y sus familiares, a fin que puedan remitir toda la información solicitada por el Ministerio Público.

Esta disposición fue dada, por el magistrado del Segundo Despacho Provincial Anticorrupción, el fiscal Marco Antonio Carrasco durante el ¡Mega Operativo!, que viene desarrollando a través de intervenciones de manera simultánea a las entidades públicas, como son la Universidad Cayetano Heredia, Universidad Mayor de San Marcos, La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud (MINSA), en atención a las denuncias relacionadas a la vacunación irregular por parte de diversos Funcionarios Públicos y sus familiares.

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El objetivo de esta diligencia fiscal es realizar un mapeo en dichas entidades y recopilar información fundamental, tanto documentación física como contenido digital, material audiovisual, entre otros actuados; que, de manera eficiente y oportuna, contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, se encuentra dirigiendo el desarrollo de este megaoperativo, en virtud a que la Casa Superior de Estudios Cayetano Heredia, en la que se habrían originado y desprendido las irregularidades en la participación de Funcionarios en el uso de las vacunas Sinopharm para la COVID19, se encuentra ubicada en el Distrito de San Martín de Porres y pertenece a la jurisdicción de Lima Norte.

Es así las instituciones públicas que presuntamente se habrían visto favorecidas se origina en la Universidad Cayetano Heredia, cuya competencia jurisdiccional le corresponde a Lima Norte y por lo tanto, le corresponde avocarse a la causa, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Norte, actualmente bajo la Dirección, Supervisión y Coordinación de la Fiscal Superior Anticorrupción, Mg. María del Carmen Ruiz Hurtado.

En estos momentos, el megaoperativo simultáneo está dirigido por el fiscal provincial anticorrupción, Marco Antonio Carrasco, cuenta con la participación y el despliegue de los fiscales adjuntos provinciales, miembros del segundo despacho; así como también de sus asistentes y el importante apoyo del personal de la DIVIAC.

En la Universidad Cayetano Heredia, estuvo a cargo del fiscal Marco Carrasco y el fiscal adjunto, Martín Méjico, en la DIGEMID, realizó la diligencia la fiscal Marlowe Facho, en el INS, el fiscal Jerrold Sinche, en la Universidad Mayor de San Marcos, la fiscal Mayra García y en el Ministerio de Salud, el fiscal Augusto López Loaiza.

De los hechos denunciados también se desprende que, entre los Funcionarios Públicos que se encontrarían involucrados, se encuentra el Dr. Germán Málaga, jefe del equipo de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y otros funcionarios públicos, quienes se habrían aprovechado de su cargo para vacunarse y distribuir irregularmente la vacuna de procedencia China, toda vez que el Gobierno de la República Popular China habría entregado 3.200 dosis extras de la vacuna Sinopharm, aparte del lote que se destinó a las pruebas clínicas, las cuales habrían sido utilizadas de manera irregular.

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La diligencia se hace con la finalidad de recopilar y solicitar toda la información necesaria orientada al esclarecimiento de los hechos materia de investigación referidos al uso indebido de bienes y recursos públicos, lo cual, representaría un acto de presunta corrupción de funcionarios públicos por el manejo y la distribución irregular de las dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19.

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