Edgar Alarcón: admiten nueva denuncia constitucional en su contra

Subcomisión de Acusaciones declaró procedente los informes que señalan a Alarcón Tejada como el autor del presunto delito de cohecho pasivo propio cuando encabezaba la Contraloría General.

Esta nueva denuncia constitucional se suma a las dos anteriores formuladas por la titular del Ministerio Público, donde figuran los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.

Esta nueva denuncia constitucional se suma a las dos anteriores formuladas por la titular del Ministerio Público, donde figuran los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.

Crédito: John Michael Ramon Taya/GLR.
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La Subcomisión de Acusaciones admitió una nueva denuncia constitucional contra el congresista de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón Tejada, siendo esta la tercera denuncia que es aceptada en medio de las investigaciones cuando era contralor general de la República.

Con 8 votos a favor y 2 abstenciones, de los fujimoristas Carlos Mesía y Martha Chávez, la Subcomisión de Acusaciones declaró procedente el informe elaborado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de una nueva imputación contra el expresidente de la Comisión de Fiscalización.

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En esta nueva acusación, se le señala al parlamentario por una presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio relacionada a la organización criminal Los Temerarios del Crimen, cuando Alarcón era el titular de la Contraloría General de la República entre el 2016 y 2017.

De acuerdo a la denuncia, el ex contralor habría aceptado un presunto soborno de 30 mil sobres del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a fin de levantar el congelamiento de cuentas del municipio pese a que ello no le correspondía.

Esta acusación presentada por la Fiscalía, también involucra a los exlegisladores Javier Velásquez Quesquén y José Marvin Palma Mendoza, quienes vienen siendo acusados por el presunto delito de tráfico de influencias.

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Esta nueva denuncia constitucional se suma a las dos anteriores formuladas por la titular del Ministerio Público, donde figuran los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso que fueron también aprobados por la Subcomisión en septiembre y que serían revisadas en febrero del 2021.

“Mediante un informe final, se pasa a la votación; si hubiera mayoría, se eleva a la Comisión Permanente, y si esta lo ratifica, se crea una comisión investigadora dentro de la misma Comisión Permanente para llevar esta indagación hasta el pleno. Todo este proceso debe concluir en el mes de febrero del próximo año“, señaló el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva.

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