Amnistía Internacional condena represión policial en marcha contra Manuel Merino

La organización por los derechos humanos, Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento sobre la represión policial ocurrida este último jueves en medio de la multitudinaria marcha contra el golpe de Estado del Congreso de la República y condenó la violencia de la PNP contra los manifestantes que protestaban en rechazo a Manuel Merino.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo internacional, aseguró haber corroborado la veracidad del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la PNP a través de la verificación inmediata de fotografías y videos que fueron difundidos en las redes sociales.

“Los videos que Amnistía Internacional ha verificado digitalmente son una fuerte evidencia de la violencia que la policía está usando contra la población a la que debería proteger”, aseveró.

Asimismo, señaló que también recibieron informes de detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Policía Nacional vestidos de civil que en todo momento se negaban a identificarse y de malos tratos por parte de las fuerzas del orden en medio de la protesta pacífica en el Centro de Lima.

Por su lado, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, señaló: “Esta crisis política está generando una crisis de derechos humanos debido a la violenta represión de las protestas. Las autoridades deben priorizar la protección de la población por encima de cualquier interés político".

Destaca la labor periodística

Amnistía Internacional también destacó el papel de los periodistas y defensores de derechos humanos considerándolo como algo fundamental en este contexto y condenó enérgicamente los informes de amenazas y actos de intimidación contra miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cabe resaltar, que al menos cuatro periodistas han resultado heridos durante la represión de las protestas.

Finalmente, la organización hace un llamado a las autoridades judiciales para que no apliquen la Ley de Protección Policial (No. 3110) que, en violación del derecho internacional de derechos humanos, deja abierta la posibilidad de que el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional quede impune.