Liberarían a reos primarios para evitar contagios de COVID 19 en las cárceles
Este proyecto de ley señala que los reos más vulnerables podrían ser liberados para evitar contagios de coronavirus en las cárceles.
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¡Insólito¡ Los congresistas Ruben Ramos Zapana, Jim Ali Barriga Mamani y María Isabel Bartolo Romero de Unión por el Perú presentaron el Proyecto de ley 4907/2020-CR que plantea aplicar una extinción especial anticipada de la pena para los reos primarios ante el Estado de Emergencia por el coronavirus.
Estas personas deben aplicar ciertos requisitos para que puedan ver su caso, como que no cuenten con nuevos procesos por otros delitos.
Que el reo cuente con un informe favorable de resocialización por estudio, trabajo y otro emitido por el Instituto Nacional Penitenciario. Y también que precise aún más los requisitos que requieran para su liberación.
Se considerará a los ciudadanos que estén dentro de la población vulnerable a los efectos del COVID-19 en cualquiera de estos supuestos como reos mayores de 55 años, aquellos que padezcan enfermedades degenerativas o enfermedades que afecten considerablemente su sistema inmunológico.
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La propuesta también señala que el reo debe haber cumplido al menos con los 2/3 de su condena efectiva o con beneficio de la reducción de la pena, cualquiera sea su modalidad, para aplicar a la extinción especial de su pena.
En esa misma línea también aclara que si tiene más de 55 años no sería necesario acreditar el informe de resocialización.
¿Quiénes no podrían aplicar a este beneficio?
Este proyecto no comprende a las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, narcotráfico, homicidio calificado, robo agravado, feminicidio, violación en cualquiera de sus modalidades, ni aquellos condenados por delitos contra la humanidad.
Tampoco podrían ser beneficiados los condenados por delitos contra la administración pública o los funcionarios que hayan cometido delitos de corrupción u otros.
Finalmente, el proyecto indica que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Inpe serían los encargados de elaborar la relación de sentenciados que se beneficiarían por esta disposición.
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