¿Qué es el ICE y qué hace realmente? La diferencia clave con la Patrulla Fronteriza en EE. UU.
ICE y Patrulla Fronteriza concentran el debate migratorio en Estados Unidos tras operativos polémicos, muertes de civiles y la expansión de poderes bajo el gobierno de Donald Trump.
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En la actual etapa política de Estados Unidos, marcada por la agenda migratoria de Donald Trump, distinguir entre las distintas fuerzas federales se ha vuelto cada vez más complejo. Agentes encapuchados, vehículos sin identificación y operativos ejecutados incluso por oficiales vestidos de civil alimentan la confusión ciudadana y el temor. En ese escenario, crecen las dudas sobre hasta dónde llegan las atribuciones de estas agencias y cuándo se cruzan líneas legales que deberían ser infranqueables.
La discusión escaló tras dos episodios fatales ocurridos con menos de tres semanas de diferencia. En Minneapolis, Alex Pretti, enfermero de 37 años, murió luego de ser interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras asistía a una mujer durante una protesta. Según testigos, seis oficiales lo golpearon para inmovilizarlo antes de dispararle. Días antes, Renee Good, poeta y madre de la misma edad, fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras recibir tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Ambos casos reavivaron un debate que ya trasciende las fronteras estadounidenses: el uso de la fuerza letal por parte de las agencias migratorias y la falta de controles claros sobre sus operaciones. Aunque ICE y Patrulla Fronteriza son organismos distintos, comparten un mismo paraguas institucional —el Departamento de Seguridad Nacional— y hoy actúan de forma cada vez más coordinada.
ICE, Patrulla Fronteriza y Trump: las diferencias que marcan la política migratoria en EE. UU.
ICE: funciones, expansión y controversias
El ICE es la principal agencia encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense. Surgió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con la creación del Departamento de Seguridad Nacional, como resultado de la reorganización de antiguas oficinas de inmigración y aduanas. Su labor no se desarrolla en las fronteras, sino en el interior del país.
La agencia se divide en dos grandes áreas: la Oficina de Detención y Deportación (ERO) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Tradicionalmente, la primera se enfocaba en arrestos y procesos de deportación, mientras que la segunda investigaba delitos transnacionales. Bajo la actual administración republicana, esa separación funcional se ha diluido: ambas ramas trabajan con un mismo objetivo, ejecutar la mayor operación de deportaciones impulsada por Trump.
Ese giro vino acompañado de una expansión sin precedentes. El ICE maneja hoy el mayor presupuesto de su historia, con más de 100.000 millones de dólares aprobados hasta 2029. Una parte sustancial de esos fondos se destina a ampliar su plantilla —que ya supera los 22.000 agentes— y a sostener una red de más de 200 centros de detención, señalados reiteradamente por abusos y condiciones deficientes. Solo en el primer año del nuevo mandato de Trump se registraron 32 muertes bajo custodia, la cifra más alta en dos décadas.
Patrulla Fronteriza: límites difusos y presencia urbana
A diferencia del ICE, la Patrulla Fronteriza depende de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y tiene como misión histórica la vigilancia de las fronteras terrestres y costeras. Fundada en 1924, su accionar ha sido cuestionado durante décadas por tácticas violentas y discriminatorias. La ley le permite operar dentro de una franja de hasta 182 kilómetros desde las fronteras, la llamada "zona de 100 millas", donde puede realizar detenciones y controles sin orden judicial.
Sin embargo, durante el gobierno de Trump su presencia se ha extendido más allá de esos límites. Ciudades como Minneapolis, situadas fuera de esa franja, han visto desplegarse agentes de la Patrulla Fronteriza para apoyar operativos del ICE. La base legal se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga amplias facultades a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional para interrogar y detener personas sospechosas de infringir las leyes migratorias.
Expertos advierten que estos oficiales no cuentan con la preparación adecuada para intervenir en entornos urbanos ni para manejar protestas civiles. Esa falta de entrenamiento, sumada a la reducción de los programas formativos y al uso de tácticas de control de multitudes, ha generado un clima de indignación social. Las muertes de Pretti y Good se convirtieron en símbolos de ese malestar y reabrieron preguntas incómodas sobre el alcance real del poder migratorio y la rendición de cuentas en la era Trump.
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.
