Millones de beneficiarios del SNAP se verán afectados por las reducciones desde noviembre

Más de 40 millones de personas son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos. No obstante, a partir del 1 de noviembre, muchas personas se verán afectadas debido a que diversos estados aplicarán nuevos requisitos laborales establecidos por la normativa One Big Beatifull.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos del SNAP?

La One Big Beautiful Bill Act implementó una ampliación de los requisitos laborales para el SNAP, que afectará a los adultos sanos sin dependientes con algunas excepciones. En este sentido, la disposición señala que los padres de niños mayores de 14 años deberán de trabajar o participar en capacitación laborales durante al menos 80 horas al mes para acceder a los beneficios.

Los beneficiarios de entre 18 y 54 años deben cumplir con los criterios de la normativa, pero habrá excepciones para las mujeres embarazadas o personas con impedimentos para trabajar debido a circunstancias físicas o cognitivas.

Además, la ley promovida por Trump amplió la edad de la exención del límite de tiempo de la recepción de beneficios SNAP hasta los 64 años. Aquellos elegidos que no cumplan con los criterios estipulados de empleo o capacitación podrán acceder a los pagos durante tres meses durante tres años.

Las personas mayores de 60 años siguen exentas, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo detallado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

¿Quiénes no son elegibles para el SNAP tras la aplicación de la ley de Trump?

La "gran y hermosa ley", según Trump también implementó cambios en la elegibilidad de los beneficiarios del SNAP y ahora solo lo ha limitado para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. De esa manera, las personas clasificadas como extranjeros aunque estén de manera legal en el país, pierden su elegibilidad para el programa.

Estos son los estados por los recortes en SNAP

Las disposiciones de la One Big Beautiful Bil indicaron que hay un recorte en el gasto público de 1.5 millones de dólares para los programas sociales. Esto quiere decir que los estados, que hasta el momento recibían financiación del 50% de los pagos de las prestaciones, podrían tener que asumir la mayor parte de los costos.

Por último, la norma afectará a los estados que presenten una tasa de error superior al 6%. En el caso de los territorios que resulten en el margen de hasta el 8% tendrán que cubrir el 5% de los costos, mientras que las jurisdicciones entre el 8% y el 10% deberán hacerse cargo del 10%; y en el caso de aquellos con mayores índices al 10%, del 15%.