Este OSCURO pacto entre Trump y país latino pone en jaque a los DEPORTADOS de Estados Unidos

​El acuerdo entre Donald Trump y El Salvador para encarcelar a migrantes venezolanos deportados ha generado una fuerte polémica internacional. La decisión de trasladar a estas personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y ha suscitado debates sobre la legalidad y ética de estas acciones.

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Deportaciones sin debido proceso y críticas internacionales

El 15 de marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump deportó a al menos 238 venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Estas deportaciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación poco utilizada que permite la expulsión de ciudadanos de países considerados enemigos.

Sin embargo, muchos de los deportados no tenían antecedentes penales ni vínculos comprobados con organizaciones criminales. Las deportaciones se llevaron a cabo a pesar de una orden judicial que las prohibía, lo que ha generado críticas por parte de defensores de derechos humanos y ha sido calificado como una violación del debido proceso .​

El Salvador y la propuesta de intercambio con Venezuela

Los migrantes deportados fueron enviados al CECOT, una prisión de máxima seguridad en El Salvador conocida por albergar a miembros de pandillas y por sus estrictas condiciones de reclusión. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propuso un intercambio: repatriar a los venezolanos deportados a cambio de la liberación de presos políticos detenidos en Venezuela.

Esta propuesta ha sido recibida con escepticismo y ha generado preocupación sobre el uso de personas como moneda de cambio en negociaciones políticas .​

La situación ha provocado una fuerte reacción internacional, con críticas hacia las políticas migratorias de la administración Trump y hacia las acciones del gobierno salvadoreño. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de detención en el CECOT y la falta de garantías legales para los deportados. Además, la propuesta de intercambio ha sido vista como una maniobra política que pone en riesgo los derechos y la seguridad de las personas involucradas.