HRW preocupado sobre medida de Castillo: "Los soldados están entrenados para la guerra" [FOTO]
En contra. El director de la organización que defiende los derechos de las personas indicó que las Fuerzas Armadas no están para el control del orden público de un país.
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El director de Human Rights Watch (HRW), organización que defiende los derechos de las personas, expresó su total preocupación ante la decisión del presidente del Perú, Pedro Castillo, al autorizar que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna del país ante el desborde de la delincuencia.
José Miguel Vivanco dijo que le "preocupa" la resolución suprema 191 de Castillo Terrones para combatir la delincuencia en "ciertas zonas del país". "Los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público", escribió en su cuenta de Twitter el director de la División de las Américas de HRW.
Cabe mencionar que, dicha medida responde a una solicitud presentada por la PNP, debido al "incremento significativo" del crimen común y organizado en las jurisdicciones de Lima y Callao.
Así como de "organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos. hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos". La normativa que fue dispuesta por el profesor chotano el 2 de noviembre durara 30 días calendario a partir de 3 de noviembre.
"La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", señala el documento.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuya organización demandó al Poder Ejecutivo a derogar la norma promovida por las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Noelia Herrera (Renovación Popular), ya que, sostienen, ello solo satisface una demanda antidemocrática impulsada por la política conservadora.
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