
Una modificación administrativa aplicada sin anuncios públicos empezó a transformar el panorama del transporte pesado en Texas. En cuestión de semanas, rutas clave, patios logísticos y centros de distribución comenzaron a mostrar un mismo síntoma: menos camiones en circulación y choferes obligados a detener su actividad de forma abrupta.

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El alcance de la decisión sorprendió incluso a los propios conductores. Muchos se enteraron cuando ya estaban trabajando, al enfrentar controles rutinarios o intentar renovar documentos, encontrándose con que su licencia comercial había dejado de ser válida sin previo aviso.
El origen del problema se remonta a una directiva federal de carácter urgente, orientada —según autoridades— a reforzar los criterios de seguridad vial a través de un mayor control del estatus migratorio. A partir de septiembre, la Secretaría de Transporte Nacional ordenó revisar con más rigor quiénes podían conservar una licencia comercial activa.
En respuesta, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) inició la conversión masiva de licencias CDL en permisos de clase C. Esta reclasificación limita la conducción exclusivamente a vehículos particulares, dejando fuera de la actividad a quienes dependen del manejo de camiones para trabajar.
Retiran licencias de conducir: el requisito que muchos conductores pasaron por alto.
Para miles de choferes, la consecuencia fue inmediata: imposibilidad legal de operar vehículos de carga, incluso cuando se trata de camiones propios y contratos vigentes.
La medida no se aplica de manera universal. Quedan excluidos del sistema de licencias comerciales ciertos perfiles migratorios, entre ellos solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de DACA y titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes ya no pueden tramitar ni renovar una CDL en Texas.
Cifras oficiales indican que, hasta el 7 de diciembre de 2025, casi 6.000 licencias comerciales ya habían sido degradadas, con una tendencia que sigue en aumento y mantiene en alerta al sector del transporte.
Las consecuencias van mucho más allá del papeleo. Camiones inmovilizados, contratos rescindidos y pagos incumplidos se multiplican. Muchos conductores habían invertido grandes sumas en capacitación obligatoria, exámenes, tasas administrativas y financiación de vehículos. La pérdida repentina de la licencia los dejó con deudas activas y sin ingresos.
Tras acudir al DMV, numerosos camioneros recibieron notificaciones formales del DPS informándoles que, al no ser ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes, quedaban inhabilitados para conducir vehículos comerciales. En algunos casos, el golpe fue aún mayor: retención de unidades, cargas detenidas y un daño económico inmediato que resulta difícil de revertir.
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.